
La empresa Marina Greenwich S.A., concesionaria del Puerto Deportivo Luis Campomanes/Marina Greenwich, ha iniciado un proceso que podría dejar en la calle a cerca de 400 propietarios de amarres inscritos en escritura pública. La compañía exige a los actuales titulares que abandonen sus puntos de atraque antes del 7 de mayo, salvo que acepten recomprar su propio amarre por diez años a precios desorbitados o someterse a un alquiler bajo condiciones impuestas. Quien no acceda, advierten, será denunciado ante la Administración por ocupación indebida del dominio público.
El origen del conflicto está en la prórroga de 10 años que la Dirección de Puertos y Costas de la Generalitat Valenciana concedió el 4 de octubre de 2022, condicionada a una inversión de 1,7 millones de euros para reparar el dique Este. Aunque la resolución especifica que “el resto de condiciones del título concesional quedan inalteradas”, la concesionaria interpreta intencionadamente que la prórroga solo afecta a su relación con la Administración, ignorando los derechos adquiridos de los cesionarios de amarres.
Durante cuatro años la concesión prorrogada se mantuvo en silencio, hasta que recientemente Marina Greenwich comunicó a los usuarios que debían abandonar sus amarres o pasar por caja antes del 18 de marzo. La empresa pretende revender los 542 amarres que tiene el puerto a valores medios de 100.000 euros, lo que podría suponer ingresos superiores a 50 millones, una cifra muy alejada del espíritu de la prórroga otorgada: asegurar la restitución del dique y permitir la continuidad de la explotación, no reabrir un mercado millonario de amarres ya cedidos.
Junto a las amenazas de desalojo, la concesionaria ha implantado en todo el recinto portuario un nuevo sistema de parking de pago—abonos a 1.000 euros anuales— y ha incrementado un 5 % las cuotas de mantenimiento, medidas interpretadas por los afectados como una estrategia de presión económica. También los titulares de locales comerciales del puerto están recibiendo presiones para abandonar sus espacios o renegociar sus derechos bajo condiciones unilaterales.
Mientras tanto, la Dirección de Puertos, Aeropuertos y Costas acumula numerosas instancias solicitando aclaraciones ante lo que los afectados consideran una interpretación abusiva de una resolución incompleta y ambigua. La situación ya ha derivado en una demanda del Club Náutico, y se prevé que centenares de propietarios emprendan acciones judiciales en los próximos días.
Los afectados reclaman que la Generalitat Valenciana aclare de forma inmediata si la prórroga supone la continuidad de los derechos de uso adquiridos en escritura pública o si permite a la concesionaria iniciar un proceso de expulsión masiva y reventa que podría tener un enorme impacto económico en beneficio de una mercantil privada, a la que desde sus orígenes se la relacionó cercana a Eduardo Zaplana.
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