¡SE ACABÓ!

“¡Se acabó!” fue el lema elegido por Carlos Baño en 2022 para alcanzar la presidencia de la Cámara de Comercio y consolidar su posición en el entramado empresarial alicantino. Las mismas palabras que, pocos meses después, en su esperado estreno de la Noche de la Economía Alicantina —víspera del ciclo electoral—, utilizó para arremeter con más énfasis que acierto contra el M.H. President Ximo Puig, quién con los datos en la mano, ha invertido más que nadie en esta provincia en décadas. Pero cuando las palabras son así de contundentes, a menudo permiten que el ruido tape las carencias del mensaje.

Con ese mismo propósito sesgado, el señor Baño recuperó el pasado año su “¡Se acabó!”. Esta vez para cerrar filas —sin que nadie se lo pidiera— en torno a su nada honorable amigo, Carlos Mazón, tras una gestión de la Dana que aún hoy avergüenza a toda nuestra provincia, con alguna previsible excepción.

Pero las palabras, cuando se lanzan al espacio público, acaban por emanciparse de quienes pretenden patrimonializarlas. Y hoy, más que nunca, ese “¡se acabó!” ya no les pertenece. En realidad, ese es el murmullo creciente de una provincia que empieza a entender que su problema no es ni coyuntural ni tampoco es externo, es estructural y lo tenemos aquí. El mismo de siempre, de los de siempre.

Un modelo en el que las instituciones públicas se han ido deslizando hacia una preocupante instrumentalización, convertidas en plataformas al servicio de una red de intereses que opera con lógicas ajenas al interés general. Un modelo en el que el acceso a la vivienda pública o la gestión de millones de euros en ayudas al comercio dejan de responder a criterios de equidad, transparencia o eficiencia, para convertirse en oportunidades de negocio para quienes orbitan el poder.

Como muestra, el caso de los bonos consumo resulta especialmente revelador. Lo que nació como una herramienta de apoyo al pequeño comercio de nuestra provincia, terminó derivando en un sistema opaco en el que todos los instrumentos fueron creados en cuestión de semanas: Mazón sacó el talonario y poco después su gran amigo se encargó de crear la sociedad privada para gestionar el dinero público.

Una rapidez y una eficacia pasmosas, que contrastan con la decisión que más delata la complicidad de la Diputación: no “entretenerse” licitando una plataforma única para los municipios que sí habría garantizado concurrencia competitiva, transparencia y control. Y Carlos Mazón tomó aquella decisión en un contexto en el que la empresa que acabaría gestionando esos fondos ni siquiera existía para poder concurrir.

El resultado fue un esquema en el que muchos municipios quedaron cautivos de ese circuito para poder acceder a las ayudas. Una fórmula de contratación encubierta que benefició al entorno del PP y nos perjudicó a todos los demás. Mientras a muchos municipios se les repetía que no había recursos para más obras o se pedía paciencia a los bomberos para cobrar sus nóminas, había a quienes se les permitía pescar con red de arrastre el dinero público.

No estamos ante episodios aislados, cuando no son contratos públicos, son viviendas públicas. Pero hay un patrón evidente: siempre acaban en el entorno del PP. Y mientras consolidan estas dinámicas de privilegio, amplían la brecha con quienes quedan fuera de esa esfera de influencia. Esa es la verdadera dimensión del problema.

Lo que está en juego no es solo la limpieza de los procedimientos, sino la permanencia de un modelo de gestión que solo permite crecer a unos pocos, que renuncia a diversificar la economía y a oportunidades estratégicas -veamos qué fue del Distrito Digital-, que enfrenta a instituciones y agentes sociales en lugar de alinearlos, y que expulsa talento joven por una alarmante falta de horizonte político.

Alicante no necesita únicamente un cambio de rumbo, necesita, sobre todo, un rumbo claro. Pero hoy ese rumbo no existe. No hay una estrategia firme sobre qué economía queremos construir ni qué tipo de empleo queremos generar. No hay una política decidida para reducir desigualdades ni para garantizar derechos básicos. Lo que hay es una inercia preocupante en la que las instituciones dejan de ser herramientas al servicio de la ciudadanía para convertirse en espacios de poder donde algunos hacen negocio.

Y eso, inevitablemente, tiene consecuencias en la confianza de la ciudadanía. En la credibilidad de las instituciones. En las oportunidades de quienes no forman parte de esos entornos de proximidad al poder. Y, en último término, en el futuro de toda nuestra provincia.

Por eso, hoy más que nunca hay que decir que ya basta de corruptelas. Basta de redes clientelares. Basta de instrumentalizar la política para el beneficio de los de siempre. ¡Se acabó! Hay que recuperar el sentido real de aquella consigna y devolver las instituciones a quienes deben servir.

Raúl Ruiz Corchero – Diputado Provincial PSPV-PSOE