¿Qué valoración hace el Gobierno de la apertura por parte de la Comisión Europea de un procedimiento de infracción contra España en relación con las obligaciones de recogida y tratamiento de datos establecidas en el Real Decreto 933/2021?
¿Qué aspectos concretos del Real Decreto 933/2021 considera el Gobierno que han motivado las objeciones formuladas por la Comisión Europea?
¿Ha recibido el Gobierno requerimientos previos, observaciones o advertencias de la Comisión Europea sobre la posible incompatibilidad del Real Decreto 933/2021 con la normativa europea de protección de datos?
¿Piensa el Gobierno responder al procedimiento de infracción de la Comisión Europea defendiendo íntegramente el Real Decreto 933/2021 o contempla su modificación?
¿Qué calendario maneja el Gobierno para adaptar la normativa española a las exigencias planteadas por la Comisión Europea respecto al Real Decreto 933/2021?
¿Considera el Gobierno proporcionada la obligación de recopilar y conservar durante tres años los datos exigidos por el Real Decreto 933/2021 a millones de viajeros nacionales e internacionales?
¿Dispone el Gobierno de informes jurídicos que avalen la plena compatibilidad del sistema de registro de viajeros con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea?
¿Va a hacer públicos los informes jurídicos y técnicos que sustentaron la aprobación y puesta en marcha del sistema previsto en el Real Decreto 933/2021?
¿Ha evaluado el Gobierno el coste económico que ha supuesto para hoteles, alojamientos turísticos, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos la implantación de las obligaciones derivadas del Real Decreto 933/2021?
¿Cuántas incidencias técnicas, reclamaciones o consultas ha recibido el Ministerio del Interior desde la entrada en vigor del sistema de registro de viajeros?
¿Tiene previsto mantener el Gobierno reuniones con las organizaciones representativas del sector turístico tras la apertura del procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea por el Real Decreto 933/2021?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para evitar que las empresas turísticas españolas sigan soportando cargas administrativas que ahora están siendo cuestionadas por las instituciones europeas?
¿Asume el Gobierno alguna responsabilidad por haber ignorado durante años las advertencias formuladas por el sector turístico respecto a los efectos del Real Decreto 933/2021?
¿Considera el Gobierno que la apertura de este procedimiento de infracción acredita que las preocupaciones expresadas por el sector turístico tenían fundamento?
¿Piensa el Gobierno suspender temporalmente la aplicación de aquellas obligaciones del Real Decreto 933/2021 que están siendo cuestionadas por la Comisión Europea mientras se resuelve el procedimiento?
¿Cree el Gobierno que fortalece la imagen de España como destino turístico líder que sea precisamente la Comisión Europea quien tenga que corregir una normativa impulsada por el Ministerio del Interior y denunciada reiteradamente por el propio sector turístico español?
¿Qué responsabilidades piensa asumir el Gobierno después de que la Comisión Europea haya cuestionado formalmente una normativa que ha obligado durante años a miles de empresas turísticas españolas a soportar costes, cargas administrativas y riesgos jurídicos que ahora Bruselas considera potencialmente contrarios al Derecho de la Unión Europea?
¿Piensa pedir disculpas a la industria turística española?
¿Considera el Ministro de Industria y Turismo que cumplió adecuadamente con su obligación de defender al sector turístico español ante una normativa, como el Real Decreto 933/2021, que fue rechazada por la práctica totalidad de sus organizaciones representativas y que hoy está siendo objeto de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea?
¿Por qué el Ministerio de Industria y Turismo permaneció en silencio mientras hoteles, agencias de viajes, empresas de alquiler de vehículos y organizaciones empresariales advertían de los graves perjuicios que el Real Decreto 933/2021 iba a ocasionar al sector turístico español?
¿Cuántas reuniones mantuvo el Ministro de Industria y Turismo o la Secretaría de Estado de Turismo con representantes del sector turístico para abordar las consecuencias derivadas de la aplicación del Real Decreto 933/2021 entre 2023 y 2026?
¿Tras la apertura por parte de la Comisión Europea de un procedimiento de infracción contra España, considera el Ministro de Industria y Turismo que las advertencias formuladas durante años por el sector turístico estaban justificadas?
¿Piensa el Ministro de Industria y Turismo solicitar al Gobierno la suspensión inmediata de la aplicación del Real Decreto 933/2021 para evitar que las empresas turísticas españolas sigan soportando cargas administrativas que hoy están siendo cuestionadas por la Comisión Europea?
¿Qué sentido tiene sentarse en la mesa del Consejo de Ministros si, cuando una de las principales industrias de España alertó de forma unánime sobre una normativa perjudicial para su competitividad, el Ministro de Industria y Turismo fue incapaz de evitar que el Gobierno siguiera adelante con ella y hoy la Comisión Europea le da la razón al sector?
¿Puede señalar una sola actuación realizada por el Ministerio de Industria y Turismo para impedir la entrada en vigor del RD933/2021, o corregir los efectos de una normativa que el conjunto del sector turístico rechazó desde el primer momento y que hoy ha situado a España ante un procedimiento de infracción europeo?