El PP de La Vila Joioisa no apoya las medidas contra la pobreza energética y el derecho a la vivienda en casos de exclusión social

En el último pleno municipal el Gobierno local (PSOE, GpV y EU), junto a Compromís y Ciudadanos, impulsaron una moción en la que se expresaba el rechazo a las actuaciones judiciales emprendidas por el gobierno de Mariano Rajoy en contra de los acuerdos adoptados por la Generalitat Valenciana en defensa de los afectados por los más de 600.000 desahucios habidos en la Comunidad y de los ciudadanos que sufren la pobreza energética.

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Los populares de La Vila se desmarcaron del resto de la Corporación en esta propuesta al no apoyarla, poniendo así de manifiesto qué les mueve políticamente. En este caso cabría preguntarse por las prioridades que tienen los gobernantes y, evidentemente, parecen ser bien diferentes en el caso del Gobierno que preside Mariano Rajoy y el gobierno de Ximo Puig.

Como hemos explicado, ante las acciones emprendidas desde la Comunitat Valenciana, el Consejo de Ministros aprobó dos acuerdos para solicitar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad en relación con artículos de las leyes de pobreza energética y función social de la vivienda de la Generalitat Valenciana. Con esta acción se pone de manifiesto la falta de sensibilidad social del Gobierno español, que a pesar de los requerimientos de la Unión Europea, no ha formulado ninguna normativa en materia de protección de los consumidores más vulnerables afectados por una situación de pobreza energética y falta de vivienda y que, ante la actuación del Gobierno valenciano, responde interponiendo recursos judiciales para impedir que se lleven a cabo estas acciones.

De prosperar las acciones emprendidas por el Gobierno,se dejarán sin efecto las medidas para prevenir y paliar la pobreza energética referida a electricidad y gas que pretendían garantizar el acceso a estos suministros básicos, evitando los cortes de suministro por no poder pagar. También se anulan los artículos que garantizan el derecho a la vivienda en casos de exclusión social, que evitarían desahucios y obligarían a los bancos a ofrecer alquiler social, que permiten movilizar las viviendas por medio del Registro de Viviendas Deshabitadas y las sanciones a las que estén deshabitadas de forma permanente e injustificada.

Las razones esgrimidas para ello son excusas, que ponen de manifiesto la falta de voluntad política del PP para afrontar la situación. Al PP no le importa que el derecho a la vivienda esté recogido en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos. Tampoco parece importarle la precaria situación que viven miles de familias ante la imposibilidad de hacer frente a las necesidades energéticas básicas de sus hogares.

Y Jaime Lloret y su bancada, siguiendo a lo suyo.

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