Raúl Ruiz reclama al PP que aclare cómo garantizará el cumplimiento de la Ley de Subvenciones y advierte de que “apoyar al comercio no puede significar dejar sin control el dinero público”

El Grupo Socialista de la Diputación de Alicante ha votado a favor de la convocatoria del Bono Consumo 2026, aprobada ayer en la Comisión de Desarrollo Económico y que mañana será elevada a un pleno extraordinario, porque considera que se trata de una medida que beneficia directamente al comercio y que puede contribuir a dinamizar la actividad económica de los municipios de la provincia. No obstante, los socialistas han advertido de que la convocatoria llega tarde y con unos plazos muy ajustados para que los ayuntamientos puedan poner en marcha y ejecutar las campañas, especialmente aquellos municipios pequeños que cuentan con menos medios técnicos y administrativos.

El diputado socialista Raúl Ruiz ha señalado que “el Grupo Socialista va a estar siempre a favor de que el dinero llegue al comercio y de que los ayuntamientos dispongan de herramientas para dinamizar sus economías locales, pero apoyar el Bono Consumo no significa dar un cheque en blanco a la Diputación”. “Estamos hablando de 25 millones de euros de dinero público y la Diputación tiene la obligación de garantizar que se gestionan con todas las garantías, con transparencia y con el seguimiento que exige la normativa”, ha añadido.

En este sentido, Ruiz ha puesto el foco especialmente en las condiciones de subcontratación de la actividad subvencionada. Las bases de esta convocatoria no fijan un porcentaje concreto de externalización y señalan expresamente que “no se establece límite alguno”. Sin embargo, la Ley General de Subvenciones establece que, cuando la actividad concertada con terceros supera el 20% del importe de la subvención y dicho importe es superior a 60.000 euros, la subcontratación requiere contrato por escrito y autorización previa de la entidad concedente.

“Queremos saber cómo va a aplicar la Diputación esta obligación legal y cómo va a fiscalizar aquellos casos que superen los umbrales establecidos”, ha reclamado Ruiz, quien considera especialmente relevante esta cuestión en una convocatoria de 25 millones de euros y con numerosos municipios que pueden recibir cantidades superiores a 60.000 euros. “No vale con decir que determinados gastos de gestión los paga el ayuntamiento aparte. La Ley establece unas reglas sobre la subcontratación de la actividad subvencionada, al margen de que ésta se pague fuera del importe subvencionado, y la Diputación debe aclarar cómo va a garantizar su cumplimiento y la trazabilidad de las ayudas”, ha señalado.

El Grupo Socialista también ha advertido de una incoherencia en las fechas de la convocatoria. Mientras las bases establecen el 31 de diciembre como fecha máxima para el pago efectivo de las ayudas, permiten justificar los gastos hasta el 31 de enero. El propio informe de resolución reconoce esta contradicción y determina que deberán admitirse pagos hasta el 31 de enero. Para Ruiz, “si las bases publicadas contienen una contradicción, lo razonable es corregirla formalmente para que los 125 ayuntamientos beneficiarios sepan exactamente cuáles son las reglas, y no confiar en que una interpretación de la ordenanza permita resolver una cuestión que debería estar clara desde el principio”.

Los socialistas han puesto además el foco en los pequeños municipios, después de constatar que 17 de los 19 potenciales beneficiarios que no han presentado solicitud tienen 1.245 habitantes o menos. “Esto debería hacer reflexionar a la Diputación sobre si está prestando el apoyo suficiente a los ayuntamientos con menor estructura administrativa”, ha apuntado Ruiz. “Si precisamente son los municipios pequeños los que más dificultades tienen para tramitar estas ayudas, la respuesta de la Diputación no puede ser simplemente esperar a que presenten la solicitud; debe existir asistencia y acompañamiento para que ningún pueblo se quede atrás”.

El diputado socialista ha recordado además que en la anterior convocatoria han quedado más de 400.000 euros sin utilizar, una circunstancia que, a su juicio, debería haber permitido reforzar el acompañamiento a los municipios para facilitar la ejecución del programa.

“Nosotros queremos que estos bonos lleguen al comercio de toda la provincia y que tengan el máximo impacto posible en nuestros municipios. Pero precisamente porque queremos que funcionen, exigimos que se hagan las cosas bien”, ha concluido Ruiz. “La Diputación no solo tiene que repartir el dinero: tiene que controlar cómo se utiliza, garantizar que se cumple la ley y acompañar a los ayuntamientos que tienen menos recursos para gestionar estas ayudas. Apoyar al comercio y defender el dinero público son dos objetivos perfectamente compatibles”.