El PSOE pregunta al alcalde si plantea ahora cambiar la postura del Ayuntamiento, después del acuerdo alcanzado con los propietarios de los terrenos y aprobado el pago de los primeros 60 millones

El Ayuntamiento de Benidorm ha encargado un nuevo dictamen sobre el modo de ejecutar la sentencia de Serra Gelada que condenó al consistorio a pagar 350 millones de euros a los propietarios de terrenos en el parque natural. En la comisión de Hacienda celebrada esta mañana en el ayuntamiento el Gobierno local ha dado cuenta de la retención de una partida de 17.545 euros mediante un contrato menor para este fin.

El Grupo Socialista ha pedido en la comisión información al alcalde sobre el motivo que ha originado la petición de este nuevo informe, y cuál es el objetivo, es decir, si con él se pretende modificar el acuerdo alcanzado con los propietarios el pasado mes de marzo, un acuerdo que supondrá para el consistorio el desembolso de unos 570 millones de euros a lo largo de 50 años contando intereses, según cálculos del Partido Socialista.

El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Sergi Castillo, ha mostrado su sorpresa ante la petición de un nuevo dictamen jurídico y este nuevo desembolso en las arcas municipales, cuando ya se ha incluido en los presupuestos el pago de 60 millones este mismo año. “Hoy se ha puesto en marcha un expediente para diseñar ‘estrategias jurídicas complementarias’ patrimoniales, urbanísticas y administrativas, y hemos pedido explicaciones al alcalde. Lo único que nos ha contestado es que cuando lo tengan nos facilitará copia en Junta de Portavoces”, ha manifestado.

Castillo ha alertado de lo peculiar del caso, ya que se trata de la puesta en marcha en pleno mes de agosto de un contrato menor en el que no se ha pedido presupuesto a tres empresas como suele ser habitual, sino que se ha contactado directamente con el reconocido despacho Broseta Abogados de Valencia, alegando que esta firma “goza de una experiencia en el ámbito urbanístico extraordinaria que le hacen idóneo” y que el desarrollo del servicio solicitado “es urgente, (…) hecho que dificulta poder tratar de transmitir todos los datos y conocimientos a 2 personas más a efectos de que puedan elaborar sus presupuestos con conocimiento de causa”. En este sentido, el portavoz adjunto ha recordado que la abogada contratada para la defensa del Ayuntamiento mediante un contrato menor fue la letrada Ana Falomir Faus, no el bufete para el que ahora se ha reservado 17.545 euros.

La información de la que dispone el consistorio

El portavoz adjunto del Grupo Socialista ha citado un informe jurídico municipal del 5 de mayo del 2026 que señalaba que el Ayuntamiento de Benidorm “no ostenta la custodia de los Autos judiciales” y, ante la demanda del Grupo Socialista para tener acceso a estos expedientes completos, les remitía a los siete órganos judiciales implicados para que valoraran el interés y autorizaran “en su caso”, su expedición. “Es altamente sorprendente conocer que un bufete con sede en Valencia sí tiene acceso a una información completa que el Ayuntamiento niega a los miembros de su propia corporación. Es tan sorprendente como que el Ayuntamiento no disponga de esta misma información que gestionó la letrada Falomir”, ha añadido Castillo. El concejal ha recordado el durísimo varapalo del Síndic de Greuges al consistorio respecto a este mismo asunto en una resolución del pasado 10 de julio. Ante la denuncia del PSOE, este organismo estatutario ha calificado de “obvio” que el Ayuntamiento de Benidorm “tiene la información judicial solicitada” y ha emplazado al Gobierno local a que se la entregue, algo que el alcalde continúa rechazando.

Para aclarar estos extremos, el Grupo Socialista ha formulado por registro una batería de preguntas dirigidas a Toni Pérez. “Hay un interés desmedido por parte del alcalde en dar una apariencia de transparencia que no es tal, como ha desmontado el Síndic de Greuges. Hay muchas cosas extrañas en todo lo que rodea este caso, y hay que recordar que fue el propio Toni Pérez quien con su voto creó unos derechos a los propietarios de los terrenos votando a favor del convenio en 2003, que él mismo cambió de postura cuando llegó a la alcaldía y decidió no prorrogarlos, y que el pasado mes de marzo adoptó un acuerdo con los propietarios bastante perjudicial para los intereses de Benidorm”, ha lamentado el edil. “La petición de este nuevo informe justo ahora y de esta forma, enturbia todavía más su nefasta gestión”, ha añadido.

Por último, Castillo ha recordado que la información que el Grupo Socialista tiene de los expedientes de Serra Gelada es incompleta y se limita a las últimas resoluciones. “Que nadie se lleve a engaño. No por convocar más Juntas de Gobierno se nos da acceso a más información. Se está invirtiendo mucho esfuerzo y muchos recursos en que no sepamos cómo se ha gestionado todo este asunto,  pero llegaremos hasta el final”, ha finalizado.