El gobierno local lleva a pleno modificar el presupuesto para destinar 19 millones del ahorro de 2025 a cumplir el acuerdo alcanzado con la propiedad, minorando a su vez los intereses

El Consistorio atenderá con recursos propios 24 de los 60 millones previstos para este año y concertará un préstamo bancario para el resto

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm debatirá en su próxima sesión ordinaria una modificación del presupuesto para destinar 19 millones de euros del remanente de Tesorería obtenido en 2025 al pago por los terrenos protegidos del AP7 de Serra Gelada, lo que a su vez permitirá rebajar el préstamo de 55 millones inicialmente previsto del Fondo de Impulso Económico (FIE) a un máximo de 36. Así lo ha dado a conocer este lunes el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, quien además ha avanzado que esta misma mañana se ha ordenado, mediante decreto de Alcaldía, el abono de los primeros 5 millones de euros para atender el acuerdo alcanzado con la propiedad y homologado por la Justicia, que establece que a lo largo de 2026 el Consistorio destinará un total de 60 millones de euros al cumplimiento de la sentencia 343/2024 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Así, el primer edil ha destacado que el Ayuntamiento atenderá con recursos propios 24 de esos 60 millones, mientras que el resto se abonará con el préstamo que va a concertarse con Caixa Ontinyent, autorizado por el Ministerio de Hacienda a través del FIE, y que también se concretará en el próximo pleno por una cuantía final de 36 millones. Como se recordará, dicho acuerdo cifraba en 350 millones de euros la cuantía a satisfacer por parte del Ayuntamiento –283 millones de principal más los correspondientes intereses legales desde el 16 de julio de 2018–, y proponía dos fórmulas para hacerla efectiva: pago en metálico y pago en suelo, con el compromiso de alcanzar un primer pago de 60 millones antes del 31 de diciembre de 2026.

Pérez ha afirmado que estas propuestas, que se debatirán en el próximo pleno, están avaladas por informes favorables del Área Económica municipal y que las mismas permitirán “afrontar con solvencia el primer pago acordado para este año” y, a su vez, “minorar los intereses a los que ha de hacer frente el Ayuntamiento por la devolución de dicho crédito”. “La buena situación económica municipal es, justamente, la que ahora nos permite readaptar esa planificación inicial y modificarla en beneficio del interés general”, ha agregado.

El primer edil ha trasladado que “ya dijimos en su día que éste era el mejor gobierno municipal para gestionar y afrontar el pago de la sentencia y hoy lo vuelvo a ratificar.

Somos un Ayuntamiento saneado y que sabe gestionar y por eso el Fondo de Impulso Económico era la única herramienta de financiación a la que Benidorm podía acogerse, ya que esta es la vía que abre el Ministerio para los Ayuntamientos que, como el nuestro, están saneados”.

Asimismo, ha recordado que “había dos líneas rojas para la adopción de cualquier acuerdo para afrontar este asunto: no subir impuestos municipales y no reducir o dejar de prestar servicios a nuestros ciudadanos. Y estamos cumpliendo con lo que para nosotros sí era una hoja de ruta, porque solo en este año 26, y ustedes han dado buena cuenta de ello, ya hay muestras de que los servicios municipales no solo no se resienten, sino que crecen y de que hoy Benidorm presta más y mejores servicios que el año pasado por esta fecha”.

Toni Pérez ha finalizado afirmando que el gobierno local, junto con los técnicos, “continúa trabajando todos los días en todas las líneas de dicho acuerdo, también en la parte urbanística”, que tiene que ver con la dación de terrenos prevista por las partes.

Condiciones del acuerdo

Como se ha venido contando desde su aprobación y homologación por parte de la Justicia el pasado mes de marzo, además, del pago inicial de 60 millones de euros en 2026, el acuerdo recoge que a partir de esa fecha se abre un periodo de carencia del principal de la deuda hasta el 31 de diciembre de 2030, plazo durante el cual el Ayuntamiento podrá o no amortizar parte del principal, devengándose no obstante intereses legales anuales sobre el saldo vivo del principal pendiente, sin perjuicio del periodo de carencia previsto en el clausulado.

A partir del 1 de enero de 2031, se iniciará el periodo de amortización obligatoria para el Ayuntamiento, que se comprometerá a amortizar anualmente el principal de la deuda, además de los intereses que correspondan, abonando a los propietarios anualmente, y hasta la cancelación total de la deuda, una cantidad económica que no podrá ser inferior al 8% de los recursos corrientes ordinarios previstos en el estado de ingresos del presupuesto municipal de cada ejercicio.

Por lo que se refiere al pago mediante la cesión de terrenos, el acuerdo contempla también dos modalidades de dación en pago. Por un lado, la destinada a la amortización de los intereses generados hasta la fecha de la firma del acuerdo, que será de obligada aceptación y adquisición por parte de los propietarios. Es decir, se plantea abonar una cuantía de 67.386.655,89 de euros, a satisfacer por el Ayuntamiento durante un plazo de 5 años, mediante daciones en pago de terrenos con aprovechamiento urbanístico directamente materializable en suelo urbano que cuente con la condición de solar inmediatamente edificable, libre de cualquier carga de urbanización.

También plantea la posibilidad de realizar sucesivas daciones en pago destinadas a la reducción de la deuda (principal más intereses que se devenguen después del 1 de enero de 2027), mediante la cesión acordada de terrenos de titularidad municipal. En este caso, a diferencia de la anterior propuesta, su aceptación no será obligatoria por parte de la propiedad.

Mario Villar denuncia que el PP ha elevado el precio máximo de la vivienda protegida de 2.200 a 2.568 euros por metro cuadrado desde que gobierna la Generalitat

Cristina Escoda reclama transparencia sobre el procedimiento y los criterios que se seguirán para adjudicar estas viviendas

El diputado autonómico del PSPV-PSOE, Mario Villar, ha exigido al Consell de Pérez Llorca que no aplique a las 117 viviendas de protección pública ya en marcha en Benidorm la nueva subida de precios aprobada en pleno mes de agosto. La Generalitat ha elevado ahora el máximo de 2.400 a 2.568 euros por metro cuadrado y que, además, permite que determinadas promociones que ya contaban con calificación provisional puedan acogerse al nuevo módulo. «Han aprovechado el 14 de agosto para aprobar a hurtadillas una medida que puede acabar pagando una familia de Benidorm con miles de euros más por su casa. Nuestra exigencia es muy sencilla: las 117 viviendas que ya están en marcha, que no suban ni un euro», ha remarcado.

Asimismo, Villar ha reclamado al alcalde Antonio Pérez que se pronuncie sobre esta iniciativa. «Pérez está encantado de hacerse fotos cada vez que anuncia una VPO, pero cuando su partido decide encarecerlas, de momento, silencio. Si está de acuerdo con la subida, que lo diga; y si no lo está, que exija junto a nosotros que no se aplique a las 117 viviendas que ya están en marcha en Benidorm. No se puede vender vivienda asequible en las ruedas de prensa y mirar hacia otro lado cuando llega la hora de subir el precio».

El diputado autonómico ha advertido de que no se trata de una subida aislada, puesto que desde que gobierna el PP el precio máximo ha pasado de 2.200 a 2.568 euros por metro cuadrado, un incremento acumulado del 16,7%. En una vivienda de 70 metros cuadrados supone pasar de un máximo de 154.000 a 179.760 euros: 25.760 euros más. Solo la última subida puede añadir otros 11.760 euros. «Esto no va de módulos ni de tecnicismos. Va de una pareja joven, de una familia trabajadora o de alguien que lleva años intentando ahorrar una entrada para poder quedarse a vivir en Benidorm. Esto va de que ya nadie sonríe con el cambio y el gobierno del PP», ha destacado.

La situación resulta todavía más difícil de justificar en Benidorm, donde la obra nueva libre se ha vendido durante el 2º trimestre de 2026 a una media de 2.849 euros por metro cuadrado según Tinsa, frente a los 2.568 que ahora puede alcanzar una vivienda protegida. «Si una vivienda protegida exige semejante ahorro y su precio máximo se asemeja a lo que se paga de media por vivienda nueva libre en Benidorm, este modelo de VPO no está protegiendo a quien necesita ayuda para acceder a una casa. Habrá que preguntarse en quién están pensando cuando toman estas medidas y a quien quieren ayudar. Es sencillo, la solución a la crisis habitacional en la Comunitat valenciana no puede ser subir dos veces el precio de la VPP y convertirse en un agente inmobiliario en lugar de garantizar el derecho a la vivienda”, ha afirmado.

Transparencia

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Benidorm ha vuelto a solicitar al alcalde, Toni Pérez, que se informe con total transparencia sobre el procedimiento y los criterios que se seguirán para adjudicar estas 117 viviendas que se están construyendo en la ciudad con financiación procedente de fondos europeos, gracias al convenio firmado por el Gobierno de España y el Gobierno socialista de Ximo Puig en el marco de los Fondos Next Generation para construir vivienda asequible manteniendo la titularidad pública del suelo.

Escoda también ha mostrado su inquietud por el impacto que puede causar esta subida en el precio del metro cuadrado aprobada por el gobierno de Pérez Llorca. “Nos preocupa que unas viviendas concebidas para facilitar el acceso a quienes más lo necesitan puedan acabar teniendo unos precios que dificulten precisamente ese objetivo”, ha apuntado.