Durante muchos años pensé que la Guerra Civil era un capítulo de la Historia de España. Con el tiempo comprendí que también era la historia de mi familia

Nací en Alicante en 1959. En una casa de protección oficial. Soy la menor de cuatro hermanos; dos de ellos ya no están entre nosotros. Cuando llegué al mundo habían transcurrido veinte años desde el final de la Guerra Civil y veintitrés desde el golpe de Estado de 1936. Sin embargo, en mi familia la guerra seguía presente. No se hablaba de ella con libertad, pero se respiraba en los silencios, en las ausencias, en los recuerdos que aparecían a media voz y en las heridas que nunca llegaron a cerrarse.

Crecí escuchando la historia de un abuelo encarcelado hasta quedar gravemente enfermo, de un padre que también sufrió prisión, de un tío condenado a muerte que tuvo que huir al exilio y de unas mujeres que sostuvieron la familia mientras esperaban noticias de quienes habían desaparecido tras los muros de las cárceles. Aquella historia no estaba escrita en los libros escolares; vivía dentro de mi casa.

No escribo estas páginas únicamente como investigadora o directora de cine. Las escribo como hija y nieta de una familia que conoció la cárcel, el exilio, las expropiaciones y el silencio impuesto durante décadas por la dictadura. Lo que el lector encontrará a continuación no es solo la historia de un país. Es también la historia de mi familia.

Durante toda la guerra, mi familia permaneció en Murcia. Mi abuelo Antonio Caballero Valcarcel era un importante empresario que daba trabajo a cerca de ochocientas familias. Mantenía relaciones comerciales con el mercado alemán y dominaba ambos idiomas. Cuando terminó el conflicto, le ofrecieron conservar su posición si aceptaba alinearse con el nuevo régimen. 

Bastaba con cambiar de bando. 

Le dijeron : Caballero Cámbiate la Chaquetita. 

Su respuesta quedó grabada para siempre en nuestra memoria familiar:

«Mis manos están unidas a las de ochocientas familias. Si las soltara, las estaría traicionando.»

Aquella decisión marcó el destino de toda mi familia, pero también dio un significado mucho más profundo al apellido que heredé.

Caballero no es para mí únicamente un apellido. Es un legado moral. Es uno de los apellidos castellanos más antiguos y tradicionalmente se ha vinculado a quienes servían a la Corona como caballeros, hombres de honor y de palabra. Desconozco hasta dónde alcanza la genealogía de mi propia rama familiar, porque la guerra, el exilio, la represión y el silencio rompieron buena parte de nuestra memoria. Pero sí sé que mi abuelo hizo honor al significado más noble de ese apellido cuando prefirió perder su patrimonio antes que traicionar a las ochocientas familias que dependían de él. 

Desde entonces comprendí que Caballero no representa para mí un linaje, sino una manera de entender la vida: la lealtad a la palabra dada, el compromiso con los demás y la dignidad de permanecer fiel a los propios principios incluso cuando hacerlo exige pagarlo todo.

El silencio era entonces una forma de supervivencia.

Mi abuelo fue encarcelado. Mi padre también. Durante meses la familia desconoció incluso dónde se encontraban recluidos. 

En mi casa nunca heredamos el odio. Heredamos el silencio. Durante muchos años no comprendí que aquel silencio también era una forma de miedo. Hoy alzo la voz para que el silencio nunca vuelva a imponerse sobre la verdad.

Mi tío Francisco Caballeto, hermano de mi padre, tuvo aún peor suerte. Sobre él pesaba una condena de muerte. Durante la guerra había desempeñado un cargo de alta responsabilidad militar en el territorio republicano. Como muchos jóvenes de su generación con formación universitaria, fue destinado a puestos de responsabilidad por su preparación técnica e intelectual. Aquello bastó para convertirlo, tras la victoria franquista, en objetivo de la represión.

Gracias a la ayuda de un marqués, íntimo amigo de la familia, consiguió escapar clandestinamente por Galicia y abandonar España antes de que la sentencia pudiera ejecutarse.

Mientras tanto, las mujeres sostuvieron a la familia.

En Madrid, la vivienda que mi abuelo había construido en el ático del número 334 de la calle de Alcalá, uniendo las antiguas viviendas de los porteros de dos edificios gemelos, dejó de ser la residencia utilizada en las temporadas taurinas cerca de Las Ventas. Se convirtió en un refugio. Tras las expropiaciones sufridas por la familia —que afectaron a sus viviendas y fincas en Murcia, al Molino del Amor y a sus fábricas hoy día convertidas en museos, aquella casa de Madrid dejó de ser una residencia destinada a los negocios y disfrutes, para convertirse en el único refugio de la familia.

En Madrid vivieron juntas dos familias. Mi madre se trasladó con sus hijos. También residían en aquella casa mi tía, hermana de mi padre, y su marido. Mientras los hombres estaban encarcelados, perseguidos o luchaban por salvar la vida, fueron ellas quienes mantuvieron unido el hogar, protegieron a los niños y soportaron la incertidumbre de no saber si volverían a ver con vida a sus maridos, hermanos o padres.

Mi abuelo salió finalmente de prisión, pero lo hizo con la salud completamente quebrantada. Falleció pocos meses después. La cárcel no terminó con una ejecución, pero sí acabó consumiendo su vida.

Mi padre recuperó la libertad porque sus conocimientos eran imprescindibles para la reconstrucción industrial. Fue llamado para participar en la creación de Manufacturas Metálicas Mediterráneas, en Alicante. Resulta una de las grandes contradicciones de aquella época: el mismo régimen que encarceló a hombres por sus ideas recurrió después a su capacidad técnica para levantar la industria del país. Ya fuera de prisión nací yo. 

Mi tío Paco rehízo su vida en Brasil. Allí encontró la protección necesaria para empezar de nuevo. En el entorno del consulado español conoció a la mujer con la que se casaría, una de las primeras juezas negras de Brasil. Él, químico de profesión, desarrolló una brillante carrera hasta incorporarse a Revlon Brasil. España había perdido a un profesional altamente cualificado; Brasil ganó a un científico y a un ciudadano comprometido.

Tras la muerte de mi padre heredé una de las piezas más valiosas de mi familia: el antiguo sello de los Caballero. Es un anillo de oro y platino, presidido por un gran zafiro cuadrado rodeado de brillantes. Más que una joya, es un símbolo que ha pasado de generación en generación y que representa la memoria de quienes nos precedieron.

Cuando mi tío Paco pudo regresar a España, muchos años después de la dictadura, quise entregárselo. Él era el mayor de los hombres de la familia y pensé que era a él a quien correspondía conservar aquel legado.

Nunca olvidaré su respuesta.

Me miró y, con una serenidad que aún hoy me emociona, me dijo:

«No, Reyes. La única Caballero de esta familia eres tú. Debes ser tú quien lo lleve.»

Desde aquel día ese sello me acompaña siempre. No lo llevo por su valor material, sino por el peso de la historia que representa. Cada vez que lo miro recuerdo a mi abuelo, a mi padre, a mi tío Paco y a todos aquellos que perdieron su libertad, su patrimonio, su tierra o su futuro, pero nunca renunciaron a su dignidad.

Para mí, ese anillo no es una herencia. Es una responsabilidad.

Mi madre: la vida frente a la muerte

Mientras los hombres eran encarcelados, perseguidos o condenados al exilio, mi madre luchaba por salvar vidas.

Primero como enfermera de primera línea.

Después en hospitales dedicados a combatir la tuberculosis, una enfermedad que se convirtió en una de las grandes consecuencias sociales de la guerra y de la pobreza de la posguerra.

Mientras unos destruían vidas… ella las intentaba salvar. 

Hoy no tengo primos ni apenas conozco a la familia de mi padre. No sé qué fue de muchos de ellos. Ignoro si tuvieron descendencia, si murieron en el exilio, si fueron víctimas de la represión o si simplemente el miedo y el paso del tiempo borraron cualquier rastro de su existencia. Nunca nadie pudo contármelo.

Hay nombres que desaparecieron de nuestra historia familiar y preguntas que siguen sin respuesta. Como tantas otras familias españolas, vivimos con la incertidumbre de no saber qué ocurrió con algunos de los nuestros. Tal vez algún día los archivos hablen donde el silencio de generaciones enteras impuso el olvido.

Por eso este artículo no nace únicamente de los libros ni de los archivos. Nace también de una historia familiar que conoció la cárcel, el exilio, la muerte, la enfermedad, el miedo y el silencio.

Escribo porque mi familia sobrevivió para poder contarlo. Y porque miles de familias españolas nunca tuvieron la oportunidad de hacerlo.

El 18 de julio de 2026 se cumplen noventa años del golpe del estado militar que intentó destruir la legalidad democrática de la Segunda República. No fue una simple insurrección entre dos bandos equivalentes ni el comienzo inevitable de una guerra entre españoles. Fue una operación planificada por una parte del Ejército para derribar por la fuerza a un Gobierno legítimo y sustituir el sistema constitucional por un régimen autoritario.

El levantamiento había comenzado el 17 de julio de 1936 en el Protectorado español de Marruecos y se extendió al día siguiente por la Península. Al fracasar en buena parte del territorio, el golpe desembocó en una guerra de casi tres años. Después llegaron la victoria franquista, una dictadura de cerca de cuatro décadas y una estructura represiva destinada no solo a derrotar militarmente al adversario, sino a eliminar sus organizaciones, sus ideas, su cultura y hasta su recuerdo.

La actual Ley de Memoria Democrática repudia y condena expresamente el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista. También reconoce como víctimas a quienes sufrieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, religiosas, de orientación sexual o de identidad durante la guerra y la dictadura. (BOE )

Una violencia concebida para sembrar el terror

La represión franquista no fue únicamente una consecuencia descontrolada de la guerra. Formó parte de una política de conquista, ocupación y sometimiento aplicada por los militares sublevados en los territorios que iban dominando. La violencia pretendía paralizar cualquier resistencia, destruir las bases sociales de la República y garantizar que el nuevo poder no volviera a ser cuestionado. (Hispania )

Miles de alcaldes, concejales, sindicalistas, maestros, jornaleros, funcionarios, intelectuales, militantes políticos y ciudadanos sin responsabilidades públicas fueron detenidos, torturados, ejecutados o hechos desaparecer. Muchas personas fueron asesinadas sin juicio; otras fueron sometidas a consejos de guerra sin garantías elementales de defensa. Las familias quedaron marcadas durante generaciones por el miedo, el silencio, la pobreza y la confiscación de sus propiedades.

La represión también tuvo una dimensión económica. El régimen impuso multas, requisas, incautaciones y responsabilidades políticas contra quienes fueron considerados desafectos. No bastaba con encarcelar o eliminar al adversario: también se trataba de desposeerlo, empobrecer a su familia y transferir sus bienes a quienes se beneficiaron del nuevo orden. (Hispania )

Las mujeres padecieron formas específicas de violencia. Fueron encarceladas por su militancia, por haber ejercido profesiones durante la República o simplemente por ser esposas, madres o hijas de hombres perseguidos. Sufrieron humillaciones públicas, depuraciones laborales, violencia sexual, separación de sus hijos y castigos diseñados para imponerles nuevamente el modelo femenino subordinado defendido por la dictadura. Las investigaciones históricas han documentado, entre otros casos, la represión sufrida por matronas y funcionarias de prisiones republicanas. (asclepio.revistas.csic.es )

Las mujeres contra la dictadura: pensamiento, resistencia y libertad

La represión franquista tuvo una dimensión específicamente dirigida contra las mujeres. El régimen no solo persiguió a quienes habían militado en organizaciones republicanas, socialistas, comunistas o anarquistas. También pretendió destruir el modelo de mujer libre, instruida y políticamente activa que había comenzado a conquistar espacios públicos durante la Segunda República.

Las mujeres habían accedido al voto, a la universidad, al trabajo profesional, a la política, al sindicalismo y a una mayor autonomía personal. Algunas fueron diputadas, ministras, maestras, periodistas, escritoras, científicas, abogadas y artistas. El golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura interrumpieron violentamente aquel proceso de emancipación.

El franquismo quiso devolverlas al hogar, situarlas bajo la autoridad del padre o del marido y convertir la obediencia, la maternidad y la religión en los pilares de su existencia. La legislación, la educación y la moral nacionalcatólica configuraron un sistema en el que las mujeres perdieron derechos civiles, laborales y sociales. Aquella regresión no fue secundaria: constituyó una parte fundamental del proyecto político de la dictadura.

Pero muchas mujeres no aceptaron ese destino. Pensaron, escribieron, enseñaron, conspiraron, escondieron perseguidos, difundieron propaganda clandestina, organizaron huelgas, defendieron presos, cruzaron fronteras y mantuvieron viva una cultura democrática que el franquismo había intentado exterminar. Las pensadoras que el franquismo quiso borrar

Entre aquellas mujeres destacó María Zambrano, filósofa y ensayista vinculada a la cultura republicana. Tras la derrota se vio obligada a emprender un exilio que se prolongaría durante décadas. Desde México, Cuba, Puerto Rico, Italia, Francia y Suiza desarrolló una de las obras filosóficas más relevantes del pensamiento español contemporáneo.

Su exilio no fue solamente geográfico. Durante años, su pensamiento permaneció prácticamente apartado de la vida intelectual española. Zambrano representaba aquello que la dictadura no podía admitir: una mujer independiente, discípula de Ortega y Gasset, comprometida con la República y capaz de construir una filosofía propia alrededor de la razón poética, la libertad y la condición humana.

También Rosa Chacel, novelista y ensayista de la Generación del 27, partió al exilio y desarrolló gran parte de su obra fuera de España. Su literatura exploró la identidad, la memoria, el deseo y la conciencia individual en un contexto cultural que durante décadas marginó el legado de las mujeres republicanas.

María Teresa León, escritora, dramaturga y activista cultural, participó durante la guerra en la protección y evacuación del patrimonio artístico español. Junto con otros intelectuales, contribuyó a salvar obras del Museo del Prado ante el avance de las tropas y los bombardeos. Después vivió un largo exilio en Argentina e Italia. Su extensa obra quedó durante años eclipsada tanto por la censura franquista como por la fama de su esposo, Rafael Alberti.

Estas mujeres, junto con Concha Méndez, Ernestina de Champourcín, Josefina de la Torre, Maruja Mallo y otras integrantes de la generación conocida posteriormente como Las Sinsombrero, participaron activamente en la modernización cultural de España. Escribieron, pintaron, publicaron, enseñaron y reclamaron una posición de igualdad en la sociedad. El franquismo desarticuló aquel movimiento mediante la muerte, la censura, el exilio y el silenciamiento. El Instituto Cervantes destaca que su actividad intelectual, política, docente y cultural fue aplastada por el régimen, aunque dejó sembrada una herencia que reaparecería con la democracia. (CVC Cervantes )

Clara Campoamor: condenada al exilio por defender la igualdad

Clara Campoamor había sido una de las principales impulsoras del sufragio femenino, aprobado durante la Segunda República. Tras el inicio de la guerra abandonó España y nunca pudo regresar de manera definitiva.

Su figura fue incómoda para la dictadura porque representaba la ciudadanía plena de las mujeres, la igualdad ante la ley y la construcción democrática mediante el Parlamento. Murió en el exilio en 1972, tres años antes que Franco.

La España franquista no solo le negó el regreso: también intentó borrar el significado político de su obra. Recuperar hoy su memoria implica recordar que los derechos de las mujeres no fueron una concesión del régimen posterior, sino una conquista democrática anterior al golpe de Estado.

Federica Montseny: pensamiento anarquista y exilio

Federica Montseny, escritora, intelectual anarquista y ministra de Sanidad durante la Segunda República, fue una de las primeras mujeres que ocuparon una cartera ministerial en Europa occidental. Desde su responsabilidad política impulsó proyectos sanitarios y sociales extraordinariamente avanzados para su tiempo.

Tras la victoria franquista se exilió en Francia, donde continuó escribiendo, participando en el movimiento libertario y denunciando la dictadura. Su actividad política había comenzado mucho antes de la guerra, mediante publicaciones, conferencias y mítines en defensa de la transformación social y de los derechos de las mujeres. (CVC Cervantes )

Como tantas otras exiliadas, Montseny perdió su país, pero no su voz. La frontera no terminó con su compromiso. Desde fuera de España, las mujeres republicanas conservaron archivos, escribieron memorias, reconstruyeron organizaciones y explicaron al mundo la naturaleza represiva del franquismo.

Dolores Ibárruri y las mujeres de la resistencia política

Dolores Ibárruri, Pasionaria, fue una de las principales dirigentes comunistas españolas y una de las voces más reconocibles de la resistencia republicana. Tras la guerra vivió exiliada en la Unión Soviética y continuó vinculada a la lucha antifranquista.

Su figura adquirió una enorme dimensión simbólica, pero su protagonismo no debe ocultar el de miles de militantes anónimas. Las mujeres participaron en las redes clandestinas del Partido Comunista, del movimiento socialista, del anarquismo y de las organizaciones sindicales. Transportaban mensajes, distribuían publicaciones, recaudaban dinero para las familias de los presos y escondían a militantes perseguidos.

Muchas actuaron como enlaces porque la policía suponía que una mujer despertaría menos sospechas. Esa percepción les permitió realizar un trabajo esencial, pero también las expuso a detenciones, torturas y condenas.

Las Trece Rosas: juventud fusilada

Uno de los símbolos más dolorosos de la represión contra las mujeres es el de las Trece Rosas, jóvenes vinculadas en su mayoría a las Juventudes Socialistas Unificadas que fueron fusiladas en Madrid el 5 de agosto de 1939.

La guerra ya había terminado. Sin embargo, el nuevo régimen continuaba eliminando a quienes consideraba enemigos políticos. Algunas de aquellas muchachas apenas habían alcanzado la mayoría de edad.

Su ejecución demuestra que la violencia franquista no terminó con la victoria militar. La dictadura necesitaba imponer el miedo y destruir cualquier posibilidad de reorganización política. Las Trece Rosas representan a miles de jóvenes encarceladas, torturadas o ejecutadas por su militancia, sus relaciones familiares o su colaboración con organizaciones clandestinas.

Tomasa Cuevas y la memoria de las presas

Tomasa Cuevas, militante comunista, fue detenida y encarcelada en diversas prisiones franquistas. Años después dedicó una parte fundamental de su vida a recoger los testimonios de otras mujeres represaliadas.

Gracias a su trabajo conocemos experiencias que habrían desaparecido: interrogatorios, hambre, enfermedades, torturas, separaciones familiares, fusilamientos y redes de solidaridad construidas dentro de las cárceles.

Su contribución fue política y también historiográfica. Comprendió que el régimen no solo había intentado destruir los cuerpos de las presas, sino también borrar sus nombres. Recoger sus voces era una forma de resistencia y una manera de impedir que la dictadura escribiera en solitario la historia de España.

Las guerrilleras y enlaces del monte

Algunas mujeres participaron directamente en la resistencia armada antifranquista. Otras actuaron como enlaces de la guerrilla, proporcionando comida, medicinas, información, refugio y apoyo logístico.

Su papel fue durante mucho tiempo minimizado. La imagen tradicional del maquis se construyó alrededor de los combatientes varones, aunque sin las redes femeninas de apoyo muchas agrupaciones guerrilleras no habrían podido sobrevivir.

Estas mujeres asumieron un riesgo extremo. La Guardia Civil y las autoridades franquistas las vigilaban, interrogaban y detenían. En numerosos casos fueron torturadas para que revelaran la localización de familiares o guerrilleros. Algunas fueron encarceladas; otras ejecutadas o forzadas al exilio.

Madres, esposas e hijas convertidas en culpables

El franquismo aplicó frecuentemente una lógica de responsabilidad familiar. Las mujeres podían ser castigadas no por lo que habían hecho, sino por ser madres, esposas, hermanas o hijas de republicanos.

Se las obligó a revelar el paradero de sus familiares, se las expulsó de sus empleos, se les confiscaron bienes y se las sometió a humillaciones públicas. El rapado del cabello, la ingestión forzada de aceite de ricino y la exhibición por las calles fueron métodos utilizados para degradarlas y convertir sus cuerpos en instrumentos de escarmiento colectivo.

La represión económica agravó esta situación. Cuando un hombre era fusilado, encarcelado o exiliado, su familia quedaba muchas veces sin ingresos y marcada socialmente. Las mujeres tuvieron que sostener hogares enteros mientras soportaban la vigilancia política y la discriminación de las autoridades.

Las cárceles de mujeres y los hijos de las presas

Las prisiones franquistas estuvieron abarrotadas de mujeres y niños. Muchas detenidas ingresaron embarazadas o acompañadas de sus hijos pequeños. Las condiciones higiénicas y sanitarias eran extremadamente precarias, y la alimentación resultaba insuficiente.

En aquellas cárceles surgieron redes de solidaridad. Las presas compartían comida, cuidaban a los hijos de las demás, enseñaban a leer y protegían emocionalmente a las condenadas a muerte.

La represión pretendía romper su identidad política, pero las cárceles también se transformaron en espacios de aprendizaje y resistencia. Las mujeres conservaron ideas, canciones, recuerdos y formas de organización que transmitieron a las siguientes generaciones.

La Ley de Memoria Democrática reconoce expresamente las 

luchas individuales y colectivas de las mujeres por los derechos, las libertades y la democracia. Además, diferentes legislaciones memorialistas han incorporado la necesidad de estudiar específicamente la violencia ejercida contra ellas durante la Guerra Civil y la dictadura. (BOE )

El Patronato de Protección a la Mujer: represión hasta 1985

La subordinación femenina no terminó en las cárceles políticas. En 1941, el franquismo creó el Patronato de Protección a la Mujer, una institución destinada oficialmente a vigilar y “rehabilitar” a jóvenes consideradas moralmente desviadas.

Bajo conceptos tan ambiguos como vida irregular, rebeldía, abandono o riesgo moral, miles de adolescentes y mujeres jóvenes fueron internadas en centros gestionados frecuentemente por órdenes religiosas. Allí padecieron aislamiento, disciplina severa, trabajos no remunerados, separación de sus familias y control de su sexualidad.

El Patronato permaneció activo hasta 1985, una fecha que demuestra hasta qué punto determinadas estructuras de control franquista sobrevivieron durante los primeros años de la democracia. En 2026 se inició el procedimiento para reconocerlo como Lugar de Memoria Democrática. (BOE )

Las trabajadoras y el nacimiento del movimiento feminista

Durante las décadas de 1960 y 1970, las mujeres adquirieron una presencia creciente en las luchas laborales, vecinales, estudiantiles y feministas. Participaron en huelgas, encierros, asociaciones de barrio y movilizaciones en defensa de los presos políticos.

Abogadas como Cristina Almeida, Manuela Carmena, Paca Sauquillo y María Luisa Suárez defendieron a trabajadores, sindicalistas y militantes perseguidos por el Tribunal de Orden Público. Su ejercicio profesional se convirtió en una forma directa de oposición a la dictadura.

Las asociaciones de amas de casa, los movimientos vecinales y las organizaciones clandestinas permitieron que muchas mujeres, inicialmente movilizadas por problemas cotidianos —la carestía de la vida, la vivienda, las escuelas o el transporte—, desarrollaran una conciencia política y feminista.

En los últimos años del franquismo, estas mujeres ya no reclamaban únicamente democracia. Exigían también igualdad jurídica, derecho al trabajo, libertad sexual, acceso a los anticonceptivos, despenalización del adulterio y abolición de las normas que las subordinaban legalmente a los hombres.

Las manifestaciones feministas del 8 de marzo han sido reconocidas dentro de los procedimientos estatales de memoria democrática por su contribución histórica a la conquista de derechos y libertades. (BOE )

El exilio femenino: una pérdida para España

El exilio republicano expulsó a filósofas, científicas, escritoras, maestras, artistas, periodistas y profesionales que habrían contribuido decisivamente al desarrollo de España.

Muchas continuaron sus carreras en México, Argentina, Francia, Cuba, Estados Unidos y otros países. Las sociedades de acogida recibieron su talento, mientras España sufría un empobrecimiento intelectual impuesto por la dictadura.

El exilio tuvo además una dimensión particularmente dura para las mujeres. A la pérdida de la patria se sumaron la precariedad, la separación familiar y la dificultad de ser reconocidas como creadoras autónomas. Muchas quedaron relegadas en la memoria pública detrás de sus maridos o compañeros intelectuales.

La historia ha tardado décadas en recuperar sus nombres. Los estudios dedicados a las mujeres de la Generación del 27 muestran cómo el exilio, la represión y el silenciamiento retrasaron su incorporación al canon cultural español. (CVC Cervantes )

No fueron mujeres silenciosas: fueron mujeres silenciadas

Decir que las mujeres permanecieron en silencio durante la dictadura sería repetir una injusticia. Muchas hablaron, escribieron y lucharon. Lo hicieron desde el exilio, las cárceles, las fábricas, las universidades, los barrios, la clandestinidad y la creación artística.

No fueron figuras secundarias de una historia protagonizada por hombres. Sin ellas no puede entenderse la resistencia antifranquista, la conservación de la memoria republicana ni la posterior recuperación de la democracia.

El régimen trató de reducirlas a esposas obedientes, madres abnegadas y guardianas del hogar. Ellas respondieron convirtiéndose en filósofas, escritoras, abogadas, guerrilleras, sindicalistas, maestras, periodistas, presas políticas y defensoras de los derechos humanos.

España no perdió únicamente sus libertades en 1936. Perdió también varias generaciones de mujeres que estaban transformando el pensamiento, la cultura y la vida pública del país.

Algunas fueron asesinadas. Otras encarceladas. Muchas se exiliaron. Casi todas fueron borradas durante décadas de los libros, las instituciones y la memoria oficial.

Pero no consiguieron hacerlas desaparecer.

La dictadura intentó encerrarlas en el silencio. Ellas convirtieron su pensamiento, su resistencia y su memoria en una forma de libertad.

Los vencedores redactaron las sentencias

Tras el final de la guerra, el 1 de abril de 1939, no llegó la paz para los vencidos. Llegaron las cárceles, los campos de concentración, los trabajos forzados, las depuraciones profesionales, los fusilamientos y el exilio. La maquinaria represiva continuó funcionando durante años bajo la apariencia de una legalidad construida por los propios vencedores.

Los tribunales franquistas juzgaron como delincuentes a quienes habían defendido el orden constitucional. Se acusó de rebelión militar precisamente a quienes habían permanecido fieles a la República, mientras que los responsables de haberse levantado contra ella se presentaron como salvadores de España.

La Ley de Memoria Democrática declara ilegítimos los tribunales y órganos constituidos durante la guerra para imponer condenas por motivos políticos, ideológicos o religiosos. También declara ilegales y radicalmente nulas sus condenas y sanciones. (BOE )

Sin embargo, la anulación moral y jurídica de aquellas sentencias no equivale a haber juzgado penalmente a quienes dirigieron la represión. España ha reconocido progresivamente a las víctimas, ha comenzado a localizar fosas y ha aprobado mecanismos para recuperar nombres y reparar memorias, pero no ha celebrado un gran proceso judicial contra los responsables de los crímenes de la dictadura.

Una dictadura que terminó sin rendir cuentas

Cuando Francisco Franco murió el 20 de noviembre de 1975, los principales responsables políticos, militares, policiales y judiciales del régimen no comparecieron ante un tribunal por las ejecuciones, desapariciones, torturas, encarcelamientos arbitrarios o trabajos forzados cometidos durante la dictadura.

No hubo en España un proceso equivalente a Núremberg. 

Tampoco existió una depuración general de las estructuras del Estado. Una parte de los funcionarios, jueces, policías, militares y responsables administrativos que habían servido a la dictadura continuaron desempeñando sus funciones durante la Transición.

La democracia española se construyó mediante acuerdos que permitieron superar pacíficamente el franquismo, legalizar partidos, aprobar una Constitución y recuperar libertades. Pero aquel modelo también dejó una deuda: la ausencia de una investigación judicial completa sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen.

La Ley de Amnistía de 1977, concebida principalmente para liberar a presos políticos y cerrar los procesos abiertos contra opositores al franquismo, terminó convirtiéndose también en uno de los principales obstáculos para investigar penalmente los crímenes de la dictadura.

Durante décadas se confundió reconciliación con silencio, convivencia con olvido y estabilidad democrática con renuncia a la justicia. Pero una democracia no se debilita cuando investiga sus crímenes históricos. Se debilita cuando teme hacerlo.

Noventa años después, las víctimas todavía esperan

España sigue trabajando en la elaboración de mapas de fosas, registros de víctimas y censos públicos de las personas perseguidas durante la guerra y la dictadura. En junio de 2026 se aprobó el desarrollo reglamentario del Registro y Censo Estatal de Víctimas, una muestra de que, noventa años después del golpe, el 

Estado todavía continúa identificando a quienes sufrieron la represión. (BOE )

En abril de 2026, expertos de Naciones Unidas recibieron favorablemente la creación en España de una comisión independiente destinada a esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. El reconocimiento internacional de esta iniciativa evidencia que la verdad continúa incompleta y que todavía queda un amplio recorrido institucional para garantizar memoria, justicia y reparación. (Comité de Derechos Humanos de la ONU )

Las fosas siguen abiertas. Los archivos aún guardan nombres. Muchas familias continúan buscando a sus muertos. Y ningún discurso sobre concordia puede sustituir el derecho a saber quién ordenó, quién ejecutó, quién se benefició y quién decidió callar.

El 18 de julio no debe recordarse como el aniversario de una guerra inevitable. Debe recordarse como la fecha en la que una sublevación militar atacó una democracia y abrió el camino a una dictadura fascista sustentada en la violencia, la persecución y el miedo.

Noventa años después, España ha condenado oficialmente aquel golpe. Pero la gran pregunta continúa vigente:

¿Puede considerarse cerrada una herida histórica cuando sus víctimas todavía buscan justicia y sus responsables murieron sin responder ante un tribunal?

La memoria no busca venganza

Noventa años después, España ya no es la dictadura que nació del golpe de Estado de 1936. Es una democracia consolidada, construida gracias al esfuerzo de varias generaciones. 

Precisamente por eso puede mirar su pasado sin miedo.

Recordar no significa abrir heridas. Las heridas permanecen abiertas mientras existan miles de familias que desconocen dónde descansan sus seres queridos, mientras continúen apareciendo fosas comunes y mientras la verdad siga dependiendo del esfuerzo de historiadores, arqueólogos y familiares.

La memoria democrática no pretende dividir a los españoles, sino reconocer a quienes fueron perseguidos por defender la libertad, la legalidad y los derechos fundamentales. Ninguna democracia pierde legitimidad por investigar su pasado; al contrario, la fortalece cuando es capaz de asumirlo con honestidad.

El 18 de julio no es únicamente una fecha del calendario. Es el recordatorio de que la democracia nunca está garantizada para siempre. Los derechos pueden conquistarse, pero también pueden perderse cuando la intolerancia, el autoritarismo y el odio sustituyen al diálogo y a las instituciones.

Las víctimas no pueden regresar. Los responsables ya no pueden ser juzgados. Pero la historia sí puede ser contada con verdad. Porque la justicia puede llegar tarde; el olvido, en cambio, sería una segunda derrota para quienes lo perdieron todo.

La Historia de España no solo está escrita en los libros. También late en la memoria de quienes heredamos el silencio, la dignidad y el deber de recordar. Esa memoria sigue recorriendo las venas de millones de españoles. Y mientras siga viva, ningún régimen podrá escribir el último capítulo de nuestra historia.