A estas alturas una ya viene de vuelta de todo o de casi todo. Hace un un menos me levantaba con la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción había visto indicios de delitos en los hechos que denunció a finales de 2019 la Agencia Valenciana Antifraude, que señaló a los responsables del Ayuntamiento de Benidorm y de la Dirección General de Costas en los últimos diez años por su actuación -más bien, su falta de actuación- en relación con el restaurante de la Isla de Benidorm, que viene funcionando sin licencia desde hace cinco décadas. La responsabilidad penal, si la hubiera, se limitaría a diez años, que es el plazo de prescripción del delito de prevaricación.

UN REPORTAJE DE BELÉN RICHARTE

La denuncia apuntaba directamente al actual alcalde del PP, Toni Pérez, en el cargo desde 2015, y al socialista ya fallecido Agustín Navarro, cuyo mandato fue desde el 2009 al 2015. Todo esto la verdad que parecería una broma de mal gusto si no estuvieran los tribunales por medio y, aún estando la Justicia por medio, nunca viene mal hacer memoria porque en la Historia hay datos cruciales que igual la Fiscalía Anticorrupción no ha tenido en cuenta.

El bar de La Isla lleva funcionando desde los años 60. Sus propietarios han defendido en más de una ocasión que tienen un permiso concedido hace años y dicen haber pagado al Consistorio algunas tasas por tener abierto el local. Estos pagos están incluso registrados en el propio Ayuntamiento. Sobre el bar pesa una orden de derribo, que el propio Ayuntamiento ha conseguido paralizar presentando un proyecto para echar abajo parte de la estructura y que pase a ser un centro de interpretación del medio ambiente.

Hagamos Historia

La Isla de Benidorm pertenecía a la Casa de los Vélez en las postrimerias del siglo XVI, en concreto a don Pedro Fajardo, que tras largos años de servicio regio, a pesar de las prebendas disfrutadas, tenía las cuentas a casi a cero pero un gran patrimonio que gestionar. Este era el panorama económico de los señores de Polop, Benidorm, La Nucía, Chirles etcétera; es decir de Casa de los Marqueses Vélez Montealegre*, fueron poco a poco fueron perdiendo territorios y señoríos, entre ellos La Isla de Benidorm. Por ello principios del siglo XX el Estado intentó sacar La Isla a pública subasta. Tal vez la causa radicaba en la necesidad de conseguir ingresos para la Hacienda Pública que estaba muy necesitada.Según el profesor Francisco Amillo Alegre, en su artículo “La isla o islote de Benidorm, mitos y realidades, leyenda e historia, pasado y presente”, publicado en su blog InfoHistoria, no será hasta el siglo XX cuando se planteé “el tema de la propiedad de la isla de Benidorm que tradicionalmente había sido posesión de los señores de la villa, quienes se reservaban el derecho a cobrar el diezmo del pescado obtenido en ella. En los documentos notariales de toma de posesión del señorío se hace referencia a su dominio del mar”. En otras actas sí se cita la isla indicando que se toma posesión de ella mirándola.

Esta situación duró hasta el fin del régimen señorial, tras su abolición definitiva en 1836. A partir de ese momento La Isla pasó a ser patrimonio del Estado, aunque no han faltado intentos para que cambiara de propietario.

El intento de venta de 1897 no se llevó a cabo y por ello se registró otro en la década de 1930. “El Estado intentó sacar La Isla a pública subasta. Tal vez la causa radicaba en la necesidad de conseguir ingresos para la Hacienda Pública que estaba muy necesitada. Afortunadamente las gestiones del municipio y de otras entidades consiguieron evitar su venta”.

Amillo también explica que “la primera subasta se convocó a través del Boletín Oficial el 8 de noviembre de 1930. Los pescadores de Benidorm, apoyados por los ayuntamientos de Benidorm y Villajoyosa, se movilizaron para que el islote siguiera siendo de titularidad pública y ellos pudiesen seguir con su actividad tradicional. Argumentaban que la venta del islote iba a causar la ruina para los hombres de la mar y pedían la anulación de la subasta”, -y continúa diciendo-, “en los telegramas enviados al gobernador civil y al Ministerio de Fomento y Hacienda exponían esos perjuicios económicos; para ellos mantener la titularidad pública de la isla era de imperiosa necesidad porque era la única forma de asegurar su derecho a pescar en sus aguas”.

Benidorm y La Vila dispuestos a comprar La Isla

En su artículo Amillo destaca que “como los telegramas no surtieron efecto, la corporación decidió el 20 de noviembre nombrar una comisión para que viajara a Madrid, explicara personalmente al ministro la situación y tratara de impedir la venta. Además tenían que indicarle que los dos municipios afectados estaban dispuestos a comprar La Isla”, -y añade-, “la comisión estuvo integrada por el alcalde de Villajoyosa, el segundo teniente de alcalde de Benidorm, José Llorca Zaragoza, y un representante de los pescadores. Tuvieron éxito porque el ministro, tras escucharles, acordó la suspensión de la subasta”.

Pero a principios de abril de 1935 el Ayuntamiento de Benidorm recibía un oficio de la Administración de Propiedades de Alicante indicando una nueva subasta del islote. El 9 de abril, el pleno del Ayuntamiento volvía a hacer constar que la venta de La Isla agravaría el problema del paro en Benidorm, puesto que en tiempos de temporal sólo se puede faenar en las inmediaciones de sus aguas, resguardadas de los envites del mar. Sin ese resguardo muchos pescadores tendrían que dejar de trabajar.

“El problema se solucionó en 1936 porque el nuevo gobierno del Frente Popular no facultó al delegado de Hacienda en Alicante para que se ejecutase la subasta. El islote de Benidorm continuó siendo de titularidad estatal”, concluye diciendo el profesor.

Benidorm gestiona la propiedad de La Isla

Por fin el alcalde Pedro Zaragoza Orts, consciente del gran valor que suponía La Isla para el sector turístico de Benidorm, intentó que pasase a ser propiedad de su Ayuntamiento.

De este modo, siempre, según palabras de Francisco Amillo, “en 1957 pidió al almirante Julio Guillén Tato que gestionara ante el Ministerio de Marina que pasara a titularidad municipal”, -y deja claro- “para ayudar en esa decisión, el 16 de noviembre de 1959, la Corporación Municipal en pleno aprueba una partida presupuestaria de 25.000 pesetas para construir la casa de un guarda de la isla. La normativa determinaba que las islas no habitadas eran propiedad estatal: como a partir de ese momento ya iba a estar habitada, el Gobierno de la nación podría transferir al municipio su titularidad”.
Según informaba el Boletín Municipal de marzo de 1959:
“Se procede por la Alcaldía a dar lectura a una misión sobre la conveniencia de construir una casita en la Isla a ocupar por un guardián de la misma y que se proceda a su repoblación forestal; todo ello para dar validez a los derechos que sobre la misma tiene el Ayuntamiento de Benidorm. Es aprobada por unanimidad esta moción, debiendo hacerse efectivos los gastos de construcción de esta casilla con cargo a un presupuesto del año próximo”.

En abril de 1960 se comunicaba a Vicente Navarro Torres que se le había designado como guardia de la isla con un sueldo mensual de 910 pesetas y la obligación de residir en ella en la casa recién construida.

Los usos tradicionales de la isla de Benidorm, refugio de corsarios y pesca, cambiaron radicalmente a partir de la transformación turística de Benidorm que se inició en 1950.

“El primer paso a la nueva economía lo dio de manera espontánea el vigilante que había puesto el ayuntamiento en la isla: “para sacarse algún dinerillo más, mi tío Vicente [Navarro] empezó a vender refrescos a los turistas que llegaban hasta allí. Luego en la casa puso el bar, que llevó con mi padre”. Quien contaba esto era Agustín Navarro Alvado, alcalde de Benidorm de 2009 a 2015”, narra Francisco Amillo.

Aquella casa acabó transformada en el actual restaurante. Paralelamente los pescadores también intentaron adaptarse a la nueva actividad llevando turistas hasta la isla en sus barcas.

Ésta es en resumidas cuentas la historia de La Isla de Benidorm y yo me pregunto: ¿La Fiscalía Antifraude sabe todo este devenir histórico? Han cambiado las leyes, sí, la Isla de Benidorm pasó del régimen señorial al Nuevo Orden (que llaman así los historiadores al periodo que en Historia sigue al Régimen Latifundista) y a los siglos y leyes y cambios históricos que precedieron a éste, entonces, me pregunto, ¿quién debe pagar por haber autorizado un bar en la Isla?

*D. Raimundo Antonio Rodríguez Pérez: Un linaje aristocrático en la España de los Habsburgo: Los Marqueses de los Vélez, Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América