El juzgado decreta el sobreseimiento de la causa por las compras de la Concejalía de Bienestar Social

La juez estima que no hay delito y archiva el procedimiento por prevaricación contra la concejala Mª Jesús Pinto

El juzgado decreta el sobreseimiento de la causa por las compras de la Concejalía de Bienestar Social

La juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Benidorm ha acordado “el sobreseimiento provisional” de la causa abierta por las compras realizadas por la Concejalía de Bienestar Social en la campaña de Navidad del año 2016 al entender que “de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito”. El portavoz del grupo municipal del Partido Popular, José Ramón González de Zárate, ha informado de esta decisión judicial en rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por la mayor parte de concejales populares,  en la que ha destacado que el Ministerio Fiscal también había solicitado el sobreseimiento de la causa y en la que ha aclarado que no se ha recibido notificación de que el auto haya sido recurrido dentro del plazo legal fijado.

De Zárate ha recordado que la causa se inició tras la denuncia presentada por el Observatorio contra la Corrupción con posterioridad a una rueda de prensa ofrecida por el portavoz del PSOE, Rubén Martínez. En esa comparecencia, y según su propia nota de prensa, Martínez sostuvo que los socialistas “no consideran ético y legal” el asunto y puso en duda que se hubiera buscado la oferta más económica.

A raíz de la denuncia, la concejala de Participación Ciudadana y Consumo, Mª Jesús Pinto, fue citada a declarar en calidad de investigada por la comisión de un presunto delito de prevaricación. Esta citación obedece, según la denuncia cursada, a que la Concejalía de Bienestar adquirió parte de los lotes navideños de productos para familias sin recursos en una empresa vinculada a la familia de Pinto.

De Zárate ha afirmado que desde Fiscalía se ha apuntado que “a la vista de la certificación del secretario del Ayuntamiento, resulta que ninguna de las concejalías que ostenta la investigada hayan participado en el proceso de contratación”, y que del testimonio de una trabajadora social se desprende que “la selección” de la mercantil “se hizo al azar desde Internet, y que la adjudicación a esta empresa se realizó porque les ofreció el presupuesto más económico”. En consecuencia, para la Fiscalía “no existen elementos suficientes que permitan integrar los hechos denunciados”.

El portavoz del PP ha subrayado que la decisión de la juez y el fiscal corrobora lo ya apuntado por el gobierno local en su momento, y ha añadido que todo el asunto ha sido “una maniobra” trazada por “un criminal político como Rubén Martínez” que “sólo ha querido dañar a una buena persona como Mª Jesús Pinto, que trabaja por el bien de Benidorm y sus gentes  tanto en el ámbito público como en el privado”.

De Zárate ha achacado esta maniobra contra Pinto a “la indecencia” y “la debilidad” de Martínez dentro de su grupo y de su propio partido –“al que está llevando al abismo”-, y ha remarcado que “no vamos a permitir que se menoscabe la honorabilidad de nuestra compañera ni de ningún otro miembro de este grupo municipal”.

Asimismo, y a la vista de la resolución judicial, ha exigido a Martínez que “pida disculpas” por todo declarado en estos meses en los medios de comunicación y redes sociales sobre este asunto, y también “por ser quien desde el principio ha venido actuando como altavoz e instigador de una denuncia infundada”. Además, ha reclamado las mismas disculpas del portavoz de Compromís-Los Verdes, Josep Bigorra, por ser “parte de esa pinza con el PSOE” y haber pedido la dimisión de la concejala del PP.

“Que pidan disculpas públicamente y luego, si creen, aunque sea mínimamente en la transparencia, que expliquen a todo el pueblo la supuesta financiación ilegal de sus partidos que, en el caso del PSOE, señala directamente a Benidorm y a este Ayuntamiento en la época de gobierno socialista”, ha apostillado.

Estudio de posibles acciones legales

El portavoz popular ha adelantado que “los abogados” que se han encargado del caso “están estudiando algunas irregularidades” detectadas por si fueran constitutivas de delito. Concretamente, se ha referido a posibles vulneraciones del Real Decreto 2568/1986 de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en la que se contemplan sanciones de hasta 300.000 euros.

A preguntas de los periodistas, De Zárate ha aclarado que los denunciantes “no solicitaron documentación alguna al Ayuntamiento”, por lo que la aportada a la Fiscalía podría haber salido de algún miembro de la corporación.