
Mientras Antonio Pérez expulsa a jóvenes y familias de Benidorm a los pueblos de alrededor por la falta de viviendas, tolera que su jefa de gabinete de la Diputación -65.000 euros de sueldo al año- sea la administradora de una empresa que hace negocio con el alquiler y que es propiedad de su marido, conseller de Hacienda de la Generalitat. Rentistas.
La política es legalidad. Claro. Pero también ética. Y en este caso muy poca.
¿Ni una explicación Antonio Pérez? Tan locuaz para algunas cosas, tan mudo para otras.
Les ganaremos: el 29N y en mayo en las elecciones autonómicas y municipales!
Medidas urgentes para el cambio en Benidorm:
1.-Inventario de viviendas vacías para incentivar la oferta y promover el alquiler asequible con garantías públicas.
2.-Acelerar la construcción pendiente en función de la demanda para evitar la especulación con prioridad para jóvenes y familias. Porcentajes máximos de vivienda protegida.
3.-Control, limitación y fiscalidad especial para las viviendas turísticas.
4.-Control y limitación de precios.
¡Sin vecinos no hay pueblo!
Sense veīns no hi ha poble!
Pere Rostoll
Fotografía de Eldiario.es