El Ayuntamiento de Altea gana en primera instancia el juicio por la instalación de una antena de telefonía en la Avda. Jaime I

La Concejala de Urbanismo explica que el Ayuntamiento de Altea solo puede controlar estas instalaciones con una aplicación escrupulosa de la normativa urbanística puesto que la legislación estatal da carta blanca a su proliferación.

En diciembre de 2016, la concejala de Urbanismo firmó un decreto para la restauración del orden urbanístico de una antena de telefonía de 15 metros de altura en la Avenida Jaume I puesto que la instalación contravenía diferentes artículos de las normas del Plan General vigente. La empresa de telefonía interpuso recurso tanto contra ese decreto como contra la inadmisión de la licencia por declaración responsable, que es el procedimiento en el cual se acaba de dictar sentencia favorable al Ayuntamiento.

Según Imma Orozco, “los urbanísticos son los únicos argumentos a los cuales nos podemos aferrar a la hora de denegar este tipo de instalación porque la Ley 12/2012 de Medidas Urgentes de Liberación del Comercio y de Determinados Servicios da prácticamente carta blanca a las empresas de telecomunicaciones para instalarse y limita al ámbito estrictamente urbanístico las competencias de los ayuntamientos”.

Así, el Ayuntamiento no puede entrar a regular la ubicación de estas instalaciones en el municipio pero sí que tiene que velar porque, al menos, se respete la norma urbanística vigente. En este caso concreto, los técnicos municipales cuestionaban las características de la antena que, de acuerdo con los informes emitidos, supera la altura máxima permitida por encima de la edificación –que es de 4 metros- y, además, afecta la visual del Núcleo Histórico Tradicional.

La responsable de Urbanismo explica que “se ha realizado un gran trabajo por parte de los técnicos y del servicio jurídico del Departamento para argumentar ante el juzgado nuestra posición contraria a la instalación de esta antena de 15 metros. La sentencia no es firme, pero continuaremos defendiendo nuestros argumentos si es recurrida, para paliar, en la medida de nuestras posibilidades, los efectos de la aplicación de la legislación estatal”.

Ahora, hay que esperar la resolución del recurso presentado contra el procedimiento de restauración urbanística para poder hacer efectiva la demolición. Lamentablemente, concluye Orozco, “no podremos evitar que se instalen esta y otras antenas pero al menos, en el margen que nos deja la legislación estatal, haremos una estricta aplicación de la norma urbanística para controlar su proliferación”.

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