En las últimas décadas el litoral ha experimentado una expansión urbanística en áreas potencialmente inundables, especialmente en el entorno del Barranco del Poyo. Decisiones urbanísticas previas que no fueron acompañadas por las infraestructuras necesarias para minimizar los riesgos

De hecho, desde la aprobación del Plan Hidrológico Nacional, se han propuesto y rechazado medidas estructurales para desviar el cauce del Barranco del Poyo y conectarlo con el nuevo cauce del Turia, una obra que habría reducido significativamente la peligrosidad de estos episodios torrenciales.

La complicidad del gobierno de Pedro Sánchez y el Botanic de Ximo Puig y Compromis en el Consell de la Huerta impidieron la ejecución de obras destinadas a proteger a la población. El Gobierno de España y la Confederación Hidrográfica del Júcar, responsables de la planificación y ejecución de estas infraestructuras, no solo no ejecutó las medidas necesarias, sino que permitió que la población siguiese expuesta a un riesgo que era perfectamente previsible.

Hacer las obras para proteger a la población de los impactos del cambio climático debe ser una prioridad.