Fiscalmente ¿tod@s los alicantin@s son iguales ante la Ley?

Uno de los artículos más recurridos de nuestra Constitución es el 14º. El que manifiesta que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

Por desgracia ese artículo constitucional no se viene cumpliendo cuando nos referimos a términos tributarios, pues si a la hora de pagar impuestos no es lo mismo morirse en Madrid que en la Comunidad Valenciana, tampoco lo es por heredar un inmueble en una localidad u otra.

Y nos referimos con ello al Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU), popularmente conocido como Plusvalía. El que en los últimos meses está siendo noticia por la modificación que tienen que realizarse en las respectivas ordenanzas fiscales para adecuarlas a lo dispuesto por el gobierno en el real decreto-ley de 8 de noviembre, para acatar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del IVTNU, por haberlo anulado al entender que el sistema de cálculo de su base imponible no se correspondía con la realidad.

Desde la Asociación Contra el Impuesto de Sucesiones en la Comunidad Valenciana, accediendo a la información que se registra en las páginas web de cada uno de los ayuntamientos, hemos realizado un estudio comparativo de cómo han venido aplicando dicho impuesto, por Mortis Causa, los municipios de más de 10.000 habitantes en la provincia de Alicante y realmente es variopinto.

Nos consta que es un tributo bastante ideológico, pero ni aun así se sigue un criterio común. Tanto en la mayoría de los municipios gobernados por PP como por PSOE, la diversidad de aplicación es palpable, teniendo poblaciones sin bonificación alguna, a otros con reducciones del 95% cuando se trata de la vivienda habitual.

Estas son algunas de las conclusiones del informe:

  • Son numerosos los ayuntamientos que no tienen una información concisa y clara sobre sus ordenanzas fiscales, por lo que no se ha podido concretar con detalle como aplican el IVTNU: Torrevieja, San V Raspeig, Petrer, Santa Pola, Calpe, Alfaz del Pi, Rojales, Almoradí, Castalla, Sax, La Nucía, Guardamar del Segura, Albatera
  • De aquellos que hemos podido acceder los que no contemplan ninguna reducción o bonificación son: Orihuela, Alcoy, Elda, Villena, Crevillente, Novelda, Altea, San Juan de Alicante, Monóvar, Cocentaina, Pego
  • En la otra parte, tenemos municipios gobernados por el PP como Benisa y Callosa de Segura, y otros con el PSOE en su dirección como Javea y Aspe donde sus ciudadanos se benefician de una bonificación dicha tributación del 95%.
  • Otros solo aplican la reducción cuando se trata del inmueble que constituyó la residencia habitual del causante, en su mayoría del PP (Benidorm, Muchamiel y Teulada),  excepto Denia con el PSOE al frente.
  • Le siguen otros con reducciones inferiores (de mayor a menor) como son: Campello, Pilar de la Horadada, Alicante, Elche e Ibi.
  • En algunas poblaciones como Villajoyosa solamente lo reduce en caso de la vivienda del fallecido con un máximo del  95 % de bonificación cuando el Valor catastral es inferior a 60.000 € y del 25 % cuando supera los 120.000 euros.
  • La mayoría de las bonificaciones se establecen para cuando el incremento del valor afecta a la que fue vivienda habitual del causante y para cuando los herederos son de primer grado de parentesco: hijos, padres y cónyuge, aunque en algunos municipios están condicionadas al valor del inmueble, suelo o renta del heredero.
  • Siendo un impuesto de ejecución voluntaria, todos los municipios lo aplican.

Esta diferencia tributaría debe tenerse en cuenta además por los gobiernos municipales, por los ciudadanos a la hora de comprar un inmueble, y especialmente cuando se trata de la vivienda residencial. Un factor de los que argumentan nuestras reivindicaciones para que la muerte deje de ser un hecho imponible para pagar impuestos.

Con la reciente adaptación de la ordenanza fiscal, a la que he hecho referencia al principio, se ha perdido una excelente oportunidad para  bonificar al máximo este impuesto por razones de Mortis Causa, y especialmente de aquellos municipios gobernados por partidos políticos cuyos dirigentes autonómicos y nacionales defienden su reducción máxima e incluso su eliminación.

Con ello, en referencia al Impuesto de Plusvalía, se hubiera avanzado en aplicar el artículo 14 de la Constitución, haciendo que todos los alicantinos fueran tratados más iguales ante la Ley.

Antonio Garañena Cubes

Presidente de la Asociación Contra el Impuesto de Sucesiones en la Comunidad Valenciana