Benidorm reconocerá el Día de la Constitución a los servicios sanitarios, policiales y esenciales por su papel durante la pandemia

El pleno viabiliza la modificación presupuestaria para atender las ayudas directas al tejido productivo, vinculadas al recibo de la basura y al Concurso de Escaparatismo Navideño

Benidorm reconocerá el Día de la Constitución a los servicios sanitarios, policiales y esenciales por su papel durante la pandemia.

El Ayuntamiento de Benidorm reconocerá en el Día de la Constitución a los servicios sanitarios, policiales y aquellos de carácter esencial por “la labor realizada durante el periodo de confinamiento establecido por el Estado de Alarma ante la alerta sanitaria por Covid-19”. El pleno ha respaldado hoy por unanimidad esta propuesta de la Junta de Portavoces, que se ha votado en pleno por la vía de urgencia y que plantea homenajear a 27 instituciones, organizaciones, colectivos y servicios.

Concretamente, este reconocimiento público alcanza a: Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Departamento de Salud de la Marina Baixa, Hospital IMED Levante, Hospital Clínica Benidorm, delegación en Benidorm del Colegio de Farmacéuticos de Alicante, Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil en Benidorm, Consorcio de Bomberos Marina Baixa, Mando de Operaciones Especiales con base en Rabasa, Tercer batallón de Intervención de Emergencias de la UME, agrupación local de Protección Civil, servicios técnicos y sociales municipales, empleados públicos del Ayuntamiento, servicios municipales de limpieza viaria y dependencias, servicio de agua potable, servicio integral de gestión de playas, Radio Taxi Benidorm, Grupo Avanza, Cáritas Diocesanas de Benidorm, Asamblea Local de Cruz Roja, Residencia de la Tercera Edad de Foietes, Ciudad Patricia Senior Resort, empresas de ayuda a la Tercera Edad –Atentia, Marinasan, Nos Importas, Anneke, Dandelion y Provega-, Fundación Visit Benidorm y Red de Ayuda Colectiva (RAC).

El alcalde, Toni Pérez, ha destacado una vez más “el comportamiento ejemplar” de la ciudadanía durante el confinamiento y desde que estalló la crisis sanitaria, en el cumplimiento de las directrices de seguridad higiénico-sanitaria para la prevención y para luchar contra la propagación de la Covid-19.

Este reconocimiento y homenaje público se realizará durante el acto institucional en conmemoración del Día de la Constitución, que se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre.

Durante la sesión, y por unanimidad, se ha aprobado una modificación presupuestaria por importe de 1.550.000 de euros para atender las dos últimas medidas impulsadas por el Ayuntamiento para “contribuir a la supervivencia del tejido empresarial” de la ciudad, como son “las ayudas directas” a establecimientos de Benidorm vinculadas al recibo de la basura y el 27º Concurso de Escaparatismo navideño para “dinamizar la actividad comercial”, tal y como ha detallado la edil de Hacienda, Aida García Mayor.

La responsable de Hacienda ha incidido en que “finalmente el Ayuntamiento va a destinar más de 3 millones de euros” a ayudas y medidas dirigidas a paliar los efectos de la Covid-19 en el tejido productivo de la ciudad.

Por unanimidad, el pleno ha aprobado el Autorreglamento del Presupuesto Participativo 2021 elaborado por la Mesa Permanente del Consejo Vecinal. La titular de Participación Ciudadana, Ana Pellicer, ha recordado que “desde 2016” este documento “articula la participación de la ciudadanía y la colaboración entre ésta y los representantes políticos en la confección y ejecución del Presupuesto Participativo, en el que se recoge las principales demandas vecinales, acomodando en la medida de lo posible, las inversiones municipales y esas necesidad”. Es, por tanto, un documento que “permita a los vecinos de Benidorm participar en la cogestión de los recursos municipales, mejorando y afianzando así la democracia participativa”.

Previamente a la votación de este punto, el alcalde ha agradecido al Consejo Vecinal que “en momentos tan difíciles” como los vividos como consecuencia de la pandemia cediera los 500.000 euros del Presupuesto Participativo “para atender necesidades sociales derivadas de la crisis sanitaria”.

En materia urbanística, por mayoría se han ratificado “las actas de pago y ocupación y disponibilidad de terrenos” para la ejecución del conocido como ‘Vial Discotecas’, que unirá la variante de la carretera N-332 y la avenida Comunidad Valenciana, permitiendo a su vez el desarrollo definitivo del polígono industrial.

Tal y como ha recordado la concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, “un porcentaje muy elevado del suelo para la ejecución de este vial se ha obtenido a través de convenios de mutuo acuerdo con los propietarios”, mientras que en los seis casos en las que no se ha podido consensuar las expropiaciones se ha consignado el correspondiente justiprecio.

Caselles ha indicado que “una vez que disponemos del suelo, ya se está trabajando en el texto refundido del proyecto de construcción del vial y la rotonda que dará acceso al polígono, ya que hay que adecuarlo a los convenios suscritos”. Esas consideraciones se van a trasladar al urbanizador del PP 3/1, que es quien deberá culminar la elaboración de dicho texto refundido para que el Ayuntamiento “pueda proceder a la licitación” de las obras de ambas infraestructuras.

Asimismo, también por mayoría, se ha aprobado inicialmente el Reglamento para la implantación del teletrabajo en el Ayuntamiento de Benidorm. La edil de Recursos Humanos, Ángela Zaragozí, ha explicado que con este reglamento damos cumplimiento al decreto del Gobierno de España del pasado 30 de octubre, que daba a las administraciones un plazo de seis meses para regular el teletrabajo. Zaragozí ha indicado que “el Ayuntamiento de Benidorm es pionero” en esta materia, ya que “en menos de dos meses tenemos un documento firme y muy trabajado” en cuya confección “han intervenido muchas concejalías” y que ha sido “consensuado ampliamente en Mesa General de Negociación con las centrales sindicales”, siendo sus aportaciones incluidas en el documento.

La edil de Recursos Humanos ha recordado que “desde abril y mayo estamos trabajando en este reglamento”, si bien no se ha elevado a pleno hasta ahora “porque estábamos esperando las disposiciones legales de las administraciones superiores para adecuarnos a ellas”.

A grandes rasgos, el Reglamento establece que pueden solicitar acogerse a esta modalidad de trabajo los empleados municipales que ocupen puestos que no requieran de prestación de servicios presenciales, quedando excluido en todo caso el personal eventual. Será una comisión técnica” la que se encargue de valorar y, en su caso, autorizar las solicitudes de teletrabajo, dando prioridad al personal vulnerable o de riesgo, mujeres embarazadas, trabajadores con alteraciones de la salud que afecten a la movilidad, personal con mayores o menores dependientes a su cargo, y familias monoparentales.

El Reglamento también recoge la obligación del Ayuntamiento de facilitar, en la medida de las posibilidades, los medios tecnológicos y las conexiones necesarias para el desempeño del trabajo a distancia.

Por unanimidad, se ha respaldado la propuesta de la Junta de Portavoces en relación al Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por la que el Ayuntamiento se suma a “todas las voces que claman por un futuro en igualdad” y se adhiere a la Declaración de la FVMP. La moción incide, entre otras cuestiones, en “la necesidad de protección ante el riesgo de las políticas de aislamiento y confinamiento que suponen un aumento de los niveles de violencia doméstica, sexual y de género” ; al tiempo que ratifica el compromiso del Ayuntamiento “con el Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista” y con “el Pacto de Estado contra la violencia de género”, y exige la transferencia de los fondos asignados para el ejercicio 2020 “como medio para garantizar la continuidad de la senda de trabajo iniciada”.

Con idéntico resultado ha prosperado la propuesta para “solicitar a las Cortes Valencianas y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias la modificación de la legislación actual en materia de financiación de las instalaciones de depuración y en la gestión del Canon de Saneamiento” para que las entidades locales puedan gestionar estos recursos, realizando las inversiones necesarias en estas “infraestructuras hidráulicas que son críticas y vitales, más aún en una localidad turística como Benidorm”, tal y como ha señalado el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate.

De Zárate ha recalcado que se trata de “una moción de justicia, porque no puede ser que los municipios, sobre todo los de más de 50.000 habitantes, hagamos un desembolso importante para este fin y que éste no repercuta en la mejora de sus infraestructuras”.

El edil ha recordado que “el espíritu” de la actual Ley de Saneamiento es “la solidaridad” y “la realización de inversiones” en las infraestructuras de tratamiento y depuración de aguas residuales a través de la EPSAR. No obstante, “no están llegando las inversiones, ni siquiera a los municipios más pequeños” a pesar de que “en 2018 la EPSAR tenía en sus arcas más de 250 millones de euros”. En este punto, ha explicado que “en los últimos 9 años, el Ayuntamiento de Benidorm, a través de sus ciudadanos, ha abonado a la EPSAR más de 50 millones de euros, mientras que el gasto de funcionamiento y mantenimiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Benidorm (EDAR) y su red ha sido de 38 millones de euros”, lo que deja un saldo favorable de 12 millones de euros para el organismo autonómico. Entretanto, y a pesar del convenio suscrito en 2017 entre la EPSAR y los municipios de Benidorm, l’Alfàs del Pi y La Nucia, la entidad de gestión no ha invertido los 3,5 millones de euros comprometidos. En contrapartida, “desde 2012 el Ayuntamiento de Benidorm ha invertido más de 5 millones de euros en estas infraestructuras”.

El edil ha señalado que “esta situación no sólo afecta a Benidorm, desde donde cogemos la bandera de esta reivindicación para trasladar a Las Cortes y a la FVMP”.

Por otro lado, con el voto de toda la Corporación se ha acordado la prórroga del II Plan de Igualdad de Género y del I Plan para el colectivo LGTBI+ de Benidorm hasta la aprobación de los nuevos documentos. La edil de ambas áreas, Ángela Zaragozí, ha explicado que “la crisis sanitarias de la Covid-19 ha provocado alteraciones en la normal prestación de servicios y se ha tenido que reprogramar el funcionamiento de ambos departamentos para atender las urgencias sociales derivadas de la pandemia”. Esta circunstancia ha impedido evaluar las acciones que se habían llevado a cabo y obliga a flexibilizar los plazos de ejecución de las previstas”, siendo necesaria la prórroga de ambos planes.

Del mismo modo, y según ha trasladado la concejala, “en estos momentos, la Diputación de Alicante ha puesto en marcha la elaboración del Diagnóstico Institucional de la situación de la igualdad de las personas LGBTI en la provincia”. Por ello, “es conveniente esperar los resultados de dicho estudio que nos puedan ayudar a diseñar políticas municipales acordes a la realidad de la ciudad”, así como atender “las cuestiones relacionadas con la identidad y expresión de género”.

Con idéntico resultado, se ha aprobado el Plan Municipal de Drogodependencias 2021-2024. La concejala de Bienestar Social, Ángela Llorca, ha señalado que en el nuevo documento, elaborado por la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas, se busca “dar mayor visibilidad a los recursos saludables propios de la localidad para la población juvenil y promocionar la implicación de la comunidad haciéndola partícipe de las acciones preventivas”. 

También a propuesta de la edil de Bienestar Social, el pleno al completo ha aprobado el Reglamento Municipal del Servicio de Mediación que servirá para “implantar, desarrollar e impulsar un marco jurídico local” que complemente los procedimientos de mediación “extrajudiciales e intrajudiciales” que se desarrollen en la ciudad. Llorca ha recordado que la mediación “es un método para resolver conflictos, basado en la cooperación” y con el que se “ayuda a las partes a encontrar un acuerdo duradero y aceptable para las partes”.

Por unanimidad, la Corporación ha solicitado a la Generalitat Valenciana que traslade Felicitaciones Públicas a los agentes de la Policía Local Juan Gabriel Casagrande y Pedro Antonio Martínez por una intervención del pasado 20 de octubre, en la que se procedió a la persecución y detención de un ciudadano que presuntamente había robado por la fuerza varias joyas a una persona de avanzada edad, produciéndole lesiones, tal y como ha informado el concejal de Seguridad Ciudadana, Lorenzo Martínez.

Asimismo, por mayoría se ha aprobado un reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 64.087,69 euros, correspondiente al gasto de transporte de entidades deportivas durante el periodo de tramitación del nuevo contrato de este servicio.

En la misma sesión, se ha dado cuenta del estado de ejecución del presupuesto de 2020 al cierre del tercer cuatrimestre del año, y del decreto de resolución de la nominación de la vía ‘Mitja Llegua’.

Mociones de los grupos municipales

Por mayoría, ha prosperado la propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular contra la denominada Ley Celaá de Educación. En la moción se insta al Gobierno de España “a volver al Pacto Constitucional en materia educativa y a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos”. Entre las propuestas recogidas en la moción está el “adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales que no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación”; así como “garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada concertada como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más adecuada a sus intereses y necesidades”.

Asimismo, plantea apoyar “el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido Popular contra” dicha Ley educativa para “garantizar que no se vulneran derechos recogidos en nuestra Carta Magna como la libertad de elección o el derecho a recibir educación en castellano, lengua oficial de España”.