Quiere la leyenda que el 23 de febrero de 1981, un grupo de guardias civiles –añorantes del franquismo- tomaron el Congreso al asalto, secuestraron a los diputados con el fin de imponer un régimen dictatorial y, tras unas horas ocupando el hemiciclo, depusieron su actitud y las armas gracias a la división entre los militares y la tajante orden del rey de que estos mantuviesen el orden constitucional. Y que así se frustró la intentona involucionista.
Cuatro días después, el 27 de febrero, el pueblo español se echaba a la calle en defensa de “la libertad, la democracia y la Constitución” en una manifestación, ciertamente multitudinaria, para la que los partidos políticos movilizaron hasta el último de sus afiliados.
A lo largo de las dos décadas –largas- que siguieron al 23 F, se asentó tal visión de aquella histórica jornada consagrada no a la verdad histórica, sino a la conveniencia política. Porque la verdad es muy otra.
Una mentira que interesaba a todos
El 23-F fue, digámoslo ya, un autogolpe. Una maniobra para fortalecer el sistema, no para acabar con él. Un golpe para rectificar el régimen -un golpe de “timón”, como se venía diciendo desde distintos ámbitos – no para sustituirlo. Pero ¿por qué?
El proceso de transición estaba en un punto muy peligroso; el separatismo crecía y las autonomías no solo no habían encauzado las ansias particularistas de algunos, sino que las habían desatado.
Los gobiernos centristas eran muy débiles, y el partido que los sustentaba estaba resquebrajado y sin dirección, pese a que el propio monarca se había implicado en su mantenimiento (el rey había recabado apoyo económico para la UCD entre las monarquías del Golfo).
La situación en materia terrorista era desesperante: en 1980, ETA había asesinado casi a un centenar de personas, en su inmensa mayoría policías y militares. En medios políticos que comprendían al PSOE –y hasta a algunos comunistas- se hablaba abiertamente de la necesidad de un gobierno de concentración e incluso del general Armada como cabeza del mismo.
Su origen hay que buscarlo en la traición de un Suárez que les había prometido no legalizar jamás el Partido Comunista de España
El malestar castrense no se debía únicamente al terrorismo y a la impotencia gubernamental para ponerle coto. Su origen hay que buscarlo en la traición de un Suárez que les había prometido no legalizar jamás el PCE.
Corría septiembre de 1976. El presidente había empeñado solemnemente su palabra ante el vicepresidente para la defensa, ante los tres ministros militares, ante el jefe de Estado Mayor Central, ante los capitanes generales y ante unos treinta almirantes y generales.
En abril de 1977, la traición del presidente a su promesa –felonía inconcebible para un militar- produjo en gran parte de este estamento un sentimiento de repulsión hacia Suárez que jamás le abandonaría.
La izquierda, hasta ese momento, mostraba una notable falta de entusiasmo por la apertura política. Aunque en 1976-1977 los grupos de izquierda argüían no apoyarla por desconfiar de que el gobierno de Franco fuese sincero en sus propósitos aperturistas, la realidad era exactamente la contraria: la izquierda se oponía a la reforma política –propugnando la ruptura- precisamente porque lo que temían no es que los franquistas no trajesen la democracia, sino que la trajesen.
Pero el apoyo masivo que la población dio al referéndum convocado para el 15 de diciembre de 1976 por el gobierno franquista le hizo replantearse la estrategia. Incapaz de hacer frente al proceso democratizador, resultaba más práctico sumarse a él y capitalizarlo.
Y hasta tal punto lo consiguieron que, apenas una década más tarde, habían logrado consagrar como versión canónica aquella que hacía a la izquierda protagonista casi en exclusiva de la tan cacareada “transición a la democracia”, mientras la derecha había desempeñado un papel meramente retardatario, con un franquismo intentando hacer naufragar por todos los medios el imparable avance hacia la libertad.
En ese relato, la democracia estaba manchada por un pecado original imborrable, que era el de su procedencia franquista, algo que la izquierda ha tenido muy presente hasta el día de hoy.
La creación de un mito
Esa fue la razón por la que se apropió del 23-F y expandió la versión de que ese día nació la democracia. La imagen del pueblo manifestándose en defensa de las libertades democráticas contra un golpe de estado franquista, se corresponde mejor que nada con la idea de ruptura: los franquistas habían tratado de torpedear la incipiente democracia – y qué mejor imagen que la de un tricornio recortándose contra el fondo de un parlamento, pistola en mano- de modo que no podían ser quienes la hubiesen traído.
España encontraba su versión de la resistencia contra la tiranía, como Europa había encontrado la suya durante la II guerra mundial
De este modo, se creaba un mito, el del 23-F: el mito de una sociedad moderna que se rebelaba contra la dominación de un grupo antidemocrático.
España encontraba su versión de la resistencia contra la tiranía, como Europa había encontrado la suya durante la II Guerra Mundial. Al frente de los heroicos resistentes, el monarca, los partidos, los medios.
Se erigía, así, el mito de un rey dispuesto a jugárselo todo por la democracia, de unos partidos que salían a la calle en defensa de las libertades y de unos medios rayanos en el heroísmo. El 23-F se convirtió en el acontecimiento histórico que bautizaba el régimen español y le lavaba de su pecado original.
Pero lo cierto es que la llamada ultraderecha nada tuvo que ver con aquello. Ninguna de las organizaciones de esa significación estuvo en la trama, ni fue requerida en modo alguno para participar del golpe ni en los sucesos que fuesen a acontecer más tarde.
Sólo Juan García Carrés –antiguo sindicalista del vertical y falangista, pero sin ninguna responsabilidad política en organización alguna – estuvo implicado, pero lo estuvo por su amistad personal con Tejero, no en su condición ideológica y mucho menos por su dependencia orgánica de ningún partido político.
En la gestación del 23F estuvieron implicados los partidos políticos, la corona y el ejército
El verdadero golpe del 23-F fue diseñado por los aparatos del Estado, por el CESID. Estuvieron implicados en su gestación los partidos políticos (desde Fraga hasta Ramón Tamames, de Alianza Popular hasta el PCE y, sobre todo, el PSOE), la Corona y el ejército.
Pero quienes lo ejecutaron fueron el comandante Cortina y el teniente coronel Calderón; dirigentes ambos del CESID y justificadamente tenidos por demócratas no lejanos a la progresista UMD (Unión Militar Democrática).
Cortina y Calderón utilizaron a militares decididos y resueltos que, como la inmensa mayoría de los militares en 1981, conservaban una incuestionable lealtad a Franco que habían transferido al monarca por orden expresa del Caudillo. Eso permitió mantener la falacia del carácter ultra del 23-F.
El golpe nunca fue para reinstaurar el franquismo, sino para reformar el sistema
De modo que el golpe nunca fue para reinstaurar el franquismo, algo que hubiera sido absurdo, sino para reformar el incipiente sistema que se había salido del cauce previsto; para “reconducirlo”, en la terminología de Juan Carlos I.
Por eso no tiene nada de casual que la “reconducción” se pusiera en manos de dos generales de intachables antecedentes monárquicos, Armada y Milans del Bosch. Años más tarde, Suárez llegó a publicar que “lo que Armada quería realizar era constitucional”. Y tanto.
Otro de los objetivos del 23-F era el de adelantarse al llamado “golpe de los coroneles”, fraguado en el entorno del coronel San Martín, ya en marcha y con el que convergería. Lo que se auspiciaba desde las instituciones y organismos del sistema era un golpe a la francesa (“Operación De Gaulle” se llamó a lo del CESID) a favor del sistema para evitar una salida a la turca –tres golpes en veinte años-, en su contra, que se podría ensayar para la primavera. Lo cual ha contribuido enormemente a la confusión que desde entonces ha producido el 23-F.
Si el golpe fracasó fue porque el teniente coronel Tejero, que hasta entonces había sido utilizado por los servicios de información para la toma del Congreso, se sintió engañado –porque lo había sido- y no quiso participar en una farsa que había de desembocar en un gobierno presidido por un militar pero que incorporaba destacados miembros de los partidos de izquierda.
Y porque Armada no se personó en La Zarzuela, la División Acorazada no llegó a sacar los tanques gracias a los militares franquistas -aunque sí ocupó TVE- y porque la imagen del parlamento secuestrado, en el que se habían producido unos tiros y unos penosos empujones, no fue la mejor propaganda para la causa.
El fracaso del golpe hizo que el CESID pusiera en marcha la idea de que había sido un golpe ultraderechista
El fracaso del golpe hizo que el CESID pusiera en marcha la idea de que había sido un golpe ultraderechista, en lo que constituye una de las grandes mentiras de la democracia española.
Una mentira secundada por la profesión periodística que, con honrosas excepciones, no solo no cuestionó dicha versión, sino que elaboró una larga serie de mendaces justificaciones al efecto. Al fin y al cabo ¿quién iba a mover un músculo por una pandilla de golpistas de extrema derecha?
Mientras, el comandante Cortina subió en el escalafón, Armada fue indultado y, sobre todo, Su Majestad ganó una indisputada aura de legitimidad, la democracia se consolidó y los partidos se hicieron con el control de la sociedad.
Que, en definitiva, era lo que se trataba.
Fuente: Actuall
El secreto mejor guardado de los golpistas españoles: ¿quién era el «gran traidor» del 23-F?
ABC.- El 18 de febrero de 1982 (tal día como hoy) comenzó el juicio contra los militares que urdieron la toma del Congreso
En nuestro interactivo puedes ver la evolución de las sentencias de los procesados. Desde la pena que pedía el fiscal, hasta la impuesta por el Tribunal Supremo
«¡Quieto todo el mundo! ¡Al suelo!». Con estos gritos y empuñando una pistola Star BM en la mano derecha. De esta guisa entró el teniente coronel Antonio Tejero (su graduación la acreditaban las dos estrellas de ocho puntas que llevaba en la manga de la chaqueta) en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981. Fue a las 6 y 23 minutos de la tarde, cuando el diputado Manuel Núñez Encabo había sido llamado a la votación. Y es que, aquel día se estaba celebrando el debate de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente tras la dimisión de un Adolfo Suárez (UCD) ya acorralado políticamente. El Guardia Civil no llegó solo. Iba acompañado de una cuarentena de compañeros dispuestos, según parecía, a ejecutar el «cambio de timón» que algunos sectores ocultos de España pedían desde hacía meses.
Cuando pisó la cámara, el histriónico sujeto de bigote característico no podía siquiera imaginarse que su destino era ser condenado a 30 años de prisión por «rebelión militar». Sentencia que llegó tras más de 15 meses de un proceso judicial que comenzó el 18 de febrero de 1982 (tal día como hoy) y una apelación. Por el contrario, aquella jornada todo era jolgorio para él. Así lo demuestra el que, antes de irrumpir en el Hemiciclo, el teniente coronel se paseara por los pasillos del edificio exultante y lanzando «vivas» a Jaime Milans del Bosch (su compinche en Valencia). Ese 23-F era el día de cambiar el rumbo de España mediante lo que -según creía el propio Tejero- sería un gigantesco operativo apoyado por una «autoridad militar competente». Un gran traidor o «elefante blanco» secreto cuya identidad, a día de hoy, sigue causando controversia (a pesar de que se atribuye a Alfonso Armada y Comyn).
Un golpe a voces
Suárez, que de tonto no tenía un pelo, sabía que pintaban bastos. De hecho, por entonces ya había dicho en «petit comité» que no le extrañaría que el país sufriese un nuevo golpe de Estado. «No descarto que lo haya. Y si lo hay, Armada habrá sido su inductor», proclamaba. ¿Quién era esta persona a la que señalaba con el dedo? El político se refería al entonces segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército: Alfonso Armada. Uno de los hombres con más contactos en Palacio debido a que había trabajado como secretario del monarca.
Los temores de Suárez se cumplieron así el 23 de febrero cuando, de dos autobuses alquilados, bajaron una cuarentena de Guardias Civiles al mando de Tejero. El mismo sujeto que, apenas un año antes, había sido condenado por urdir otro complot contra la democracia en la llamada «Operación Galaxia».
A las seis de la tarde, así pues, el teniente coronel se subió al estrado del Hemiciclo del Congreso de los Diputados ante el asombro de unos, y la resignación de otros. Como un resorte, el vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado (general y militar de profesión) se levantó entonces de su asiento para llamar al orden al invasor. Indignado, se encaró con Tejero. Hicieron falta varios golpistas (y no menos disparos al aire) para hacerle cejar en su empeño. Al final, fue Suárez el consiguió conver a este heroíco personaje de que volviese a sentarse.
Los siguientes minutos los pasaron sus señorías -casi todas, salvo excepciones- de cara al suelo. Las armas son las armas. El trasiego de uniformados se generalizó en la sala, y su obsesión por el silencio informativo quedó patente. Al fin y al cabo, se hizo famosa la frase que uno de los Guardias Civiles espetó a los reporteros presentes: «No intentes tocar la cámara, que te mato». A pesar de todo, la valentía de los periodistas permitió que, a posteriori, todo el mundo escuchara las palabras del capitán Jesús Muñecas Aguilar, subordinado de Tejero: «Buenas tardes, No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer… lo que tenga que ser y lo que él mismo… diga a todos nosotros. O sea que estense tranquilos. No sé si será cuestión de un cuarto de hora, veinte minutos, media hora.. me imagino que no más». Esa «autoridad militar», no obstante, jamás se personó ante los diputados.
Poco después, a eso de las siete de la tarde, el golpe de Estado siguió su curso. Aproximadamente a esa hora Jaime Milans del Bosch (un militar adorador del viejo régimen y capitán general de la III Región Militar) sacó, como se suele decir, los tanques a las calles de Valencia. Oficialmente, su excusa era la falta de gobierno. Extraoficialmente, esperaba que un golpe de fuerza como aquel hiciera que el resto de territorios se unieran a él y a Tejero y se alzasen contra la democracia.
Sus movimientos fueron, además, acompañados de dos bandos (edictos públicos) en los que declaraba que se hacía con el poder en espera de las órdenes del Rey. Con él vino una gigantesca retahíla de medidas dictatoriales como el toque de queda. «Se prohíbe el contacto con las Unidades Armadas por parte de la población civil. Dichas Unidades repelerán sin intimidación ni previo aviso todas las agresiones que puedan sufrir con la máxima energía», decía uno de los muchos puntos de aquel texto. Acababa de comenzar un cruel juego de naipes en el que los representantes de las diferentes Regiones Militares debían declararse (o no) leales al Gobierno… ¿Se produciría un alzamiento?
«Se prohíbe el contacto con las Unidades Armadas por parte de la población civil. Dichas Unidades repelerán sin intimidación las agresiones que puedan sufrir»
Mientras los muchísimos militares y policías leales al gobierno rodeaban el Congreso al mando de José Luis Aramburu Topete (director general de la Guardia Civil), Juan Carlos I inició una extensa ronda de llamadas a todas las Regiones Militares dejando claro su total apoyo a la democracia y tratando de evitar una posible sublevación general favorecida por el desconcierto. En esa ruleta de contactos también entró Milán del Bosch, quien no hizo caso en primer momento a sus órdenes. La tensión iba en aumento.
Y desde la Zarzuela solo podían pensar en la División Acorazada Brunete, la principal fuerza mecanizada ubicada en Madrid. Si esta unidad movilizaba sus carros de combate, sería más que difícil parar el envite. No les faltaba razón a los asesores del monarca, pues Ricardo Pardo Zancada (entonces comandante destinado en la II Sección del Estado Mayor de dicha división) era partidario del golpe, y estaba intentando convencer a su superior (José Juste) de sacar a pasear los blindados por el centro de la capital.
Armada ¿el «elefante blanco»?
¿Quién era esa autoridad militar competente? Extraoficialmente se cree que Alfonso Armada, un militar que presuntamente intentaba, desde hacía meses, posicionarse como futuro líder de un «gobierno de concentración». Es decir, de un conglomerado formado por militares y civiles tras un posible golpe de Estado. La versión más extendida sobre quién fue el verdadero arquitecto del 23-F dice que este oficial tejió una intrincada tela de araña que le permitiera tomar el poder del país por la «puerta de atrás». Y todo ello, traicionando de paso a Juan Carlos I, con quien había trabajado durante casi dos décadas.
Su primer paso habría sido fomentar las ansias del impulsivo Tejero (y del no menos nostálgico del régimen anterior Milans del Bosch) por dar un «golpe de timón» quitándose de en medio a los políticos.
¿Cómo les convenció de que era posible cambiar el rumbo del país mediante la fuerza? Al parecer, confirmándoles que su gran amigo, el Rey, estaba de su lado y que ambos dirigirían juntos la ofensiva del 23 de febrero desde Palacio. Una teoría que quedó totalmente destrozada cuando el general José Juste (el oficial al mando de la Brunete al que intentaba convencer Zancada) llamó a la Zarzuela para preguntar por él: «¿Armada? Ni está, ni se le espera», le explicaron.
Les faltó decir, también, que había pedido ver a Juan Carlos I en reiteradas ocasiones ese día y que este le había mandado a paseo no dejándole estar a su lado (pues cada vez sospechaba más de que era uno de los artífices de todo aquel jaleo). Dicha respuesta valió que los carros no salieran a las calles de Madrid y dieran el golpe de gracia a la democracia.
Esta misma versión afirma también que Armada, herido por no poder seguir adelante con el plan, se presentó en la puerta del Congreso por voluntad propia, y sin el beneplácito del monarca, para (oficialmente) «negociar» con Tejero su abandono del Hemiciclo. A eso de las 23:50 accedió al edificio junto a Aramburu Topete, que salió en solitario de allí media hora después. En el interior, el supuesto artífice del golpe habría propuesto a Tejero formar un gobierno de concentración militar y civil dirigido por él mismo, tal y como ansiaba desde hacía tiempo. Sin embargo, la respuesta del teniente coronel habría sido negativa, pues no andaba deseoso de compartir el poder con los «paisanos» comunistas contra los que tanto había combatido.
Así fue como el sueño de Armada de tomar la poltrona habría sido destruido. Su plan de quedar al frente de España pareciendo un héroe (ayudando al país cuando su poder democrático se hallaba preso) se habría esfumado. Con todo, esta es una teoría que el general siempre negó antes de fallecer en 2013, después de cumplir a medias su condena.
El secreto de lo que verdaderamente sucedió murió -en parte- con él.
De hecho, el mismo Armada negó haber orquestado este plan en las páginas de ABC allá por 2011: «Categóricamente le digo: ¡No! Lo sabe el que era el jefe de la oposición, Felipe González». En aquel encuentro, el militar señaló que acudió al Congreso «a intentar que acabase el secuestro». «Nada de nada. Yo fui a liberar a los diputados. Lo que le dije a Tejero en el Congreso era que teníamos un avión preparado para que saliera de España». Y no se quedó en ese punto, sino que también negó ser la autoridad militar competente: «El único que no puede ser el “elefante blanco” soy yo», dijo en varias intervenciones a lo largo de su vida.
Con todo, también se barajaron otros nombres como el del propio Jaime Milans del Bosch o el general Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil, un destacado de Suárez que escribió un artículo poco antes del 23-F llamando -presuntamente- al alzamiento. Incluso se llegó a nombrar a algunos civiles que podrían haber pisado la sala aquella fatídica jornada (algo que no tendría mucho sentido debido a que Muñecas afirmó que sería una «autoridad militar»).
Un largo juicio
Independientemente de quien fuera aquel «elefante blanco», todo terminó aproximadamente a la una de aquella mañana. Fue entonces cuando Juan Carlos I, vestido con su uniforme de capitán general de los ejércitos, dirigió un discurso histórico a los españoles. «Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las Autoridades Civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente».
Un mensaje a Milans del Bosch provocó que los tanques volvieran a sus garajes, lo que significó el golpe definitivo para Tejero. Este, no tuvo más remedio que abandonar el secuestro de los diputados y firmar la rendición el 24 de febrero sobre el capó de un coche. A cambio de retirarse, eso sí, el ya cansado teniente coronel logró la promesa del Gobierno de que todo aquel Guardia Civil presente en el Hemiciclo cuya graduación fuera teniente o menor, no sufriese represalias judiciales.
Aquel fue el final de la toma del Congreso, pero el comienzo de los juicios contra los implicados, entre los que estaba Armada (quien fue detenido varios días después). El proceso se inició tal día como hoy (18 de febrero de 1982, un año después) y se desarrolló principalmente en Madrid. Como dijo ABC en un artículo publicado el 4 de junio de ese mismo año, «la vista de la causa 2/81 por el delito de rebelión militar ha sido la más larga del Derecho penal castrense, tres meses y cinco días».
Tampoco fue sencilla, pues en ese tiempo los jueces (pertenecientes al Consejo Supremo de Justicia Militar) tuvieron que leer más de 1.500 folios a petición de los 28 abogados de los 33 procesados. «Fueron citados un total de 69 testigos para prestar declaración en el juicio», añadía este diario, desde donde también se determinó que la causa había quedado plasmada en nada menos que 22.000 hojas.
El proceso comenzó el 19 de febrero de 1982 en las instalaciones del Servicio Geográfico del Ejército. Las primeras jornadas del juicio (que fue seguido masivamente por los medios de comunicación españoles) fue bastante potente a nivel mediático, pues incluyó un cara a cara entre Milans del Bosch y Armada.
El 23 de febrero se produjo un intendente que marcó el devenir del proyecto y demostró el estilo bronco de defensa que iban a mantener los acusados. Así lo narró ABC: «El primer aniversario de la intentona, se produjo el primer incidente al negarse los 33 procesados a comparecer en la Sala a causa de la publicación de “Diario 16” de un reportaje sobre la actuación del capitán Álvarez-Arenas en el Congreso de los Diputados». A la vista de que sería imposible seguir, el presidente del Tribunal quitó la acreditación al director del periódico. Después le fue entregada de nuevo a cambio de que no cubriera el proceso ni él, ni el reportero que había firmado aquella información.
Las siguientes semanas se desarrollaron entre los interrogatorios de los diferentes golpistas con aparente normalidad. Tan solo hubo un hecho que reseñar, acaecido el 1 de abril cuando prestaron declaración los tenientes de la Guardia Civil Santiago Vecino y Vicente Carricondo, así como el único civil imputado: Juan García Carrés. «Su comparecencia, en palabras del propio presidente del Tribunal, se convirtió en un acto político de apología golpista», explicó ABC. No le sirvió de nada la soflama. El 27 de abril el fiscal (Claver Torrente) presentó su informe definitivo, en el que calificó los hechos sucedidos como «rebelión militar» y «levantamiento armado contra el orden constitucional». Solo era cuestión de tiempo que los jueces dictaran sentencia, aunque por el camino uno de ellos (el general Álvarez Rodríguez) tuvo que ser sustituido debido al estrés.
La vista oral de la causa terminó el 17 de mayo, día en que se formó (como no podía ser de otra forma) un jaleo de un calibre similar al que habían acogido las paredes del Congreso un año antes. En dicha sesión, el presidente tuvo que expulsar de sala a Tejero «por sus manifestaciones contra mandos militares, así como a numerosas personas del público que aplaudieron y jalearon sus palabras». Por si esto fuera poco, todavía faltaba la intervención de Milans del Bosch quien -desafiante y sabedor de que poco podía alegar en su defensa- le puso naso y estalló. Concretamente, dijo que, si tuviera oportunidad de participar en el golpe de nuevo, lo volvería a hacer sin duda.
Primeras sentencias
Las esperadas sentencias se hicieron públicas el 4 de junio de 1981, y no dejaron satisfecho a nadie. La razón fue que, a pesar del golpe de Estado, el tribunal no impuso la pena máxima a los acusados. Así analizó el ABC aquellas decisiones: «¿Qué pedía el fiscal? 287 años y medio en total para los 33 procesados ¿Qué han impuesto los jueces? 122 años y medio. La rebaja de pena ha sido considerable: 175 años de clemencia». Con todo, desde la mayoría de los diarios se invitó a aceptar la decisión pues, al fin y al cabo, tanto el suceso como el proceso habían sido sumamente tensos y no era sencillo impartir justicia.
«Es hora de que todos arrinconemos prejuicios, partidismos y resentimientos en aras del bien común y del respeto a la Justicia. El golpe de Estado del 23-F fue un indigno atentado contra la soberanía nacional, y un atentado que vimos todos y cuyos culpables se sancionan hoy. Y hay que celebrar que sea la Ley quien cierre esta triste página de nuestra historia», explicaba este diario.
Los partidos políticos no fueron tan tolerantes. Víctor Carrascal, secretario primero del Congreso, dijo estar en contra de las sentencias poco después. Otro tanto hicieron Luis Apostúa (diputado de UCD, quien señaló que «La sentencia me parece penosa») y el no menos polémico secretario general de UGT, Nicolás Redondo.
Finalmente, el presidente del gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, anunció que recurriría las sentencias ante el Tribunal Supremo. «Confío en que el examen profundo de las sentencias, que yo mismo emprendo ahora mismo y que están haciendo ya los ministros de Justicia y de Defensa, permita mañana proponer al Consejo de Ministros la interposición del recurso que prevé la legislación vigente», afirmó poco después de que se conocieran las penas.
El Supremo dictó segunda sentencia el 22 de abril de 1983, elevando la mayoría de las condenas, y sustancialmente la de Armada.