Ciudadanos por Benidorm presenta una moción para que no se prorrogue tácitamente el contrato de la concesión de los servicios municipales de agua potable y alcantarillado
El Grupo Municipal de Ciudadanos por Benidorm, en defensa de los intereses de todos los vecinos, presentó en tiempo y forma para el pleno anterior, el del día 30 de mayo, una moción que denunciara la NO PRORROGA DE LOS CONTRATOS DE LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO EN NUESTRO MUNICIPIO.
Esta moción fue presentada el día 17 de mayo, por lo que debería haber sido incluida en el orden del día del Pleno anterior, y que se nos dijo que iría a un Pleno extraordinario a mitad de mes que nunca se ha celebrado.
El objetivo que persigue es la simple denuncia de la intención de no prorrogar el contrato, para que el Ayuntamiento mantenga todas la garantías y ventajas ante una decisión tan importante, tener todas la opciones abiertas, y no dárselas sin más al concesionario.
Parece que dicha moción se adelanta un año en el tiempo, puesto que el contrato de la concesión finaliza el 1 de julio del 2017, la realidad es que el margen de actuación que teníamos cuando se presento era muy escaso, y el que tenemos ahora ya es extremadamente reducido, de apenas tres cortos días para que el contrato no se prorrogue tácitamente.
Por ello es una decisión política, para la que los informes sólo deben poner de relevancia datos sobre el estado de la concesión, y la realidad económica de la misma, según la propia Intervención Municipal, que el Ayuntamiento pueda obtener del concesionario del contrato unas condiciones más favorables, como queda demostrado en las diferentes propuestas que ha ido presentado el concesionario en las que ofrece la realización de inversiones por importes crecientes, a financiar con cargo a los fondos de renovación de los ejercicios afectados por la nueva prórroga, queda demostrado que existe un desequilibrio económico a favor del contratista, cuya corrección sólo puede venir del resultado de someterlo a concurrencia pública, para que otras empresas en concurrencia competitiva puedan ofrecer mejores condiciones para todos los benidormenses.
La cronología de los acontecimientos más relevantes que han sucedido con estos contratos es la siguiente:
Informales que la formalización del contrato de la explotación del agua potable, con la empresa concesionaria, data del año 1987, y se le aplica la Ley de Contratos del Estado de 1965.
En el año 1995 se adjudica a la misma empresa concesionaria, el servicio municipal de alcantarillado, contrato al que se le aplica la misma Ley de Contratos del Estado de 1965.
En el año 1997 tiene lugar la 1ª prorroga al no ser denunciada la intención de no continuar el contrato en el plazo establecido.
En octubre del año 2001, se aprueba la gestión conjunta del abastecimiento de agua potable y alcantarillado, mediante la prolongación de la duración del contrato de alcantarillado.
En junio de 2002, mediante un “Documento de formalización de la modificación del contrato de gestión del servicio público de alcantarillado”, cuya primera clausula dispone que “contrato de alcantarillado pasa a tener el mismo régimen contractual respecto a la duración del contrato que el de gestión del servicio público de agua potable”.
En noviembre de año 2004, se aprueba una 2ª prorroga, como fórmula para mantener el equilibrio económico de la concesión con motivo de la ejecución de las inversiones por parte de la empresa concesionaria, de las que entre ellas tenemos las obras que se están realizando actualmente en la calle del Pino y Ruzafa, prácticamente finalizando la prórroga.
En 2008, el Partido Popular en el gobierno de la ciudad, aprobó una prórroga hasta 2037, por 10 millones de euros y 3 millones de euros de adelanto, que fue anulada por la Sentencia 412/2.010 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº2 de Alicante.
En 2010, el Partido Socialista en el gobierno de la ciudad, aprobó una prórroga hasta 2024, por 2,5 millones de euros de canon de la concesión y 5 millones de euros en inversiones, que fue anulada por la Sentencia 547/2014 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
A finales del año 2010, se aprueba la incoación de los Planes de Prevención de Riesgos y Emergencias como complemento obligatorio al Plan Territorial Municipal frente a las Emergencias que había sido aprobado por el Pleno de la Corporación con anterioridad, estos planes son tres, un Plan Local de Prevención de Riadas e inundaciones y de drenaje urbano para la protección pública y medioambiental en el municipio; un Plan Local de Prevención de sequías y de aprovechamiento de recursos hídricos mediante autoabastecimiento y reutilización de las aguas regeneradas y de lluvia; y un Plan Complementario de mejora de la infraestructura hidráulica.
En el año 2012 con la aprobación del Plan de Ajuste, se provoca un retraso en el desarrollo de los mismos, ya que su ejecución se ve afectada por el obligado ajuste presupuestario que imposibilita que la financiación se realice con cargo al presupuesto.
A requerimiento del Ayuntamiento, la concesionaria presenta un Documento Básico de definición técnica y desarrollo de los citados planes locales.
Que de nuevo fue el pretexto perfecto para iniciar un expediente administrativo para intentar una nueva prórroga que no culmino con éxito.
El Grupo Municipal CBM, en defensa del interés general presenta esta moción, totalmente respaldada, por los informes de Intervención, que son rotundos, y dejan bien claro que las prórrogas contractuales, suponen alargar la vida del contrato, pero con las mismas condiciones que venían establecidas en el contrato inicial, por lo tanto no cabe plantearse que por la prórroga del contrato se puedan establecer unas condiciones distintas de las inicialmente previstas, aunque fuesen beneficiosas para el Ayuntamiento, porque estaríamos ante una novación contractual y no una prórroga, que según diferentes órganos tales como el Consell Juridic Consultiu, y como la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, no respeta el principio de libre concurrencia de todos los interesados, lo que a todas luces va a provocar los correspondientes contenciosos-administrativos de las empresas que quieran concurrir a un concurso público pudieran plantear. Más gastos judiciales para el Ayuntamiento, es decir para todos los benidormenses.
En cuanto a la moción presentada por el Partido Popular, a debatir en el punto anterior en el orden del día al de nuestra moción, puesto ahí con toda la intención, que pretende prorrogar por 10 años con la advertencia de su posible reducción temporal por razones de interés público, no va a ser posible.
Y de aprobarse la prórroga deberá cumplirse íntegramente, puesto que en caso contrario la empresa concesionaria requeriría una indemnización tal al Ayuntamiento que este será incapaz de hacerle frente, sin contar que la condición de adelantar los plazos en el cumplimiento del Plan de Ajuste, de igual forma, no va a ser posible, más cuando, en repetidas mociones de nuestro grupo han exigido su cumplimiento en cuanto a las medidas organizativas y de control del gasto, que son las únicas acciones que permitirían esa amortización anticipada de deuda que lo haría realizable.
Aunque la coyuntura sobre este asunto se antoja en contra, por lo menos nos queda la satisfacción de haber hecho todo lo posible para cumplir con el Contrato Electoral que nos compromete con nuestros votantes y con el resto de nuestros convecinos, en defensa de sus intereses, en este caso en todo cuanto lo que supone para sus bolsillos hacer uso de unos servicios tan básicos como los del suministro de agua potable y alcantarillado.
C´s exige sacar a concurso de nuevo el contrato del agua que el PP lleva prorrogando desde hace 30 años
Balastegui: “Ningún informe económico avala la propuesta de la prórroga automática por 10 años”.
El grupo municipal Ciudadanos ha votado hoy a favor de comunicar a la empresa adjudicataria de los servicios municipales de agua potable y alcantarillado la voluntad de no prorrogar de forma automática el contrato vigente y sacar en su lugar un nuevo pliego a licitación para que resulte más ventajoso para el municipio de Benidorm.
Así lo ha dado conocer el concejal Juan Balastegui, quien ha declarado que “desde hace años los técnicos están informando de que hay importantes motivos para no aceptar la prórroga contractual propuesta y proceder, en su lugar, a una nueva licitación de la gestión de los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado”.
Según ha recordado Balastegui, “el actual contrato está vigente desde 1987 y ha sido renovado automáticamente en 1997 y en 2007, siempre al amparo de un gobierno popular”. El documento contemplaba en su primera versión la prórroga automática por diez años consecutivos siempre que el Ayuntamiento no comunique, un año antes del vencimiento del contrato, la voluntad de no seguir ampliándolo.
“Hasta ahora se ha dejado que se prorrogara una y otra vez, cuando lo más ventajoso para Benidorm sería sacar a licitación este contrato”, ha afirmado Balastegui, quien ha apuntado que si se vuelve a producir esta situación “Benidorm podría perder millones de euros en inversiones, puesto que estaríamos hablando de seguir incluso con las condiciones de 1987; o en caso de querer renegociar el contrato podríamos prevaricar o cuanto menos encontrarnos con sucesivas denuncias como la resuelta en julio de 2014 por el TSJ, que anuló la resolución del pleno para prorrogar el servicio con la concesionaria que gestiona la estación depuradora de Benidorm”.
Bigorra: «El Ayuntamiento de Benidorm no debe prorrogar el contrato de agua potable y alcantarillado»
El grupo municipal Compromís Los Verdes ha expresado en comisión informativa extraordinaria de régimen interior su voto en contra de prorrogar el actual contrato de la gestión de agua potable y alcantarillado, como así figuraba en la propuesta del gobierno local del PP.
Aunque el contrato finaliza en julio de 2017, el convenio contempla una cláusula por la que si no se dice nada a la empresa adjudicataria un año antes de la finalización, se prorrogaría automáticamente. Según el informe jurídico, a nivel legal, no es posible el acuerdo tácito sino la comunicación de la prórroga o de la no prórroga. «El gobierno actual considera que lo mejor para Benidorm es que continúe por diez años más la misma empresa que lleva años y años la gestión del agua potable con las mismas condiciones, sin haber valorado previamente ni el cumplimiento del contrato actual; ni si cabe una municipalización del servicio, informe pertinente según el Plan de Ajuste, ni la valoración económica de lo que ello supondría. Con todo esto nosotros lo tenemos bien claro: no a la prórroga del contrato», ha subrayado el concejal de Compromís y portavoz del grupo municipal Josep Bigorra.
Además, el portavoz indicó que el informe del departamento de Intervención pone peros a cualquier prórroga al respecto: en primer lugar, porque habría que cuantificar previamente las inversiones realizadas por la empresa actual y la compensación económica de las amortizaciones del servicio; en segundo lugar, porque habría que determinar también las futuras inversiones necesarias. «Estas cuestiones supondrían en cualquier caso una modificación del contrato, para evitar que la ciudad de Benidorm pierda dinero y beneficios, lo que sucedería con la prórroga automática. Porque Benidorm ganaría más inversiones con un concurso abierto que con una prórroga del actual convenio».
Bigorra también ha resaltado que la prórroga chocaría con la posibilidad de abrir el proceso a la libre competencia, cosa que señalan las directivas europeas, para que más empresas pudieran presentarse a concurso. Por otra parte, ha valorado la posibilidad de que sea un consorcio mixto entre el Ayuntamiento y una empresa la que explote en un futuro el servicio. «El gobierno local cree que la prórroga es necesaria para que dentro de un años se cree ese consorcio mixto, pero en ningún lugar de los acuerdos de su propuesta aparece. En cualquier caso, la valoración de si el servicio lo gestiona el Ayuntamiento, una empresa o ambas partes se puede decidir después de comunicar que no se prorroga el contrato durante todo el año que tiene la concesión para finalizar el servicio, con la emisión de todos los informes oportunos respecto a todas las posibilidades que hay encima sobre la mesa y no ahora, que se pretende prácticamente firmar un cheque en blanco», indicó.