Según la Asociación “Contra el Impuesto de Sucesiones en la C.V.” el Impuesto Municipal de Plusvalía, sigue siendo un impuesto inconstitucional

Recomiendan informarse y asesorarse para solicitar su exención o dejar constancia de nuestros derechos como contribuyentes.

El pasado 8 de noviembre el gobierno español aprobó el Real Decreto-ley por el que se adapta el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, popularmente conocido como Impuesto de Plusvalía.

Dicho tribunal dejó constancia de los aspectos ilegales de tributo municipal, que se vuelven a cuestionar ya que esta adaptación urgente, desde el punto de vista, no solamente el nuestro, sino también el de expertos juristas fiscales, pone en duda una vez más su legalidad que puede conllevar en el futuro su nueva anulación vía Tribunal Constitucional o Europeo, y con ello posiblemente la devolución del impuestos, esta vez con carácter retroactivo. Por lo que nuestra recomendación es realizar correctamente los pasos para NO PAGAR DICHO IMPUESTO U OBTENER UNOS DERECHOS DE CARA A UNA POSIBLE RETROACTIVIDAD DEL IMPUESTO.

Los Ayuntamientos de ciudades importantes suelen tener un sistema de autoliquidación mientras que el resto optan por un sistema de liquidación municipal.

En estos últimos, recomendamos presentar una instancia tipo del ayuntamiento correspondiente, solicitando su exención por considerar que la nueva normativa es inconstitucional, y por tanto nula. En dicho escrito se debe indicar como motivos de inconstitucionalidad; la regulación actual de un tributo a través de Real Decreto cuando debería ser por una Ley, que en dicho Real Decreto no concurren los requisitos esenciales para utilizar dicha norma tales como la extraordinaria y urgente necesidad, y qué la norma actual esencialmente sigue utilizando un sistema objetivo de cálculo del impuesto. Si queremos mantener viva la solicitud, y si nos deniegan dicha solicitud, se deberá seguir recurriendo aún incluso después de haber pagado cautelarmente, pues de lo contrario será firme y no podremos reclamar seguramente.

Con el nuevo sistema de autoliquidación caben dos opciones. Si se opta por el régimen directo hay que aportar la documentación para que la administración local gire la liquidación, en cambio, si optamos por el sistema objetivo, es el contribuyente quien debe realizar los cálculos a la fecha de defunción. El consejo sería, pagar la autoliquidación, y solicitar por escrito la rectificación del autoliquidación, junto con la devolución de ingresos indebidos, dando los mismos argumentos que hemos indicado anteriormente. En este supuesto, tenemos un plazo de cuatro años para solicitar la rectificación, pero la recomendación sería iniciarla lo antes posible.

También cabría solicitar la exención de la autoliquidación, no obstante, debemos ser prudentes, visto que, si presentamos una solicitud de exención y llegado el plazo de los seis meses no hemos pagado, la administración local en la mayoría de los casos, nos enviará la liquidación con recargo y sanción, lo que podría casi duplicar la deuda. Por ello, si queremos usar esta opción deberemos actuar con precaución, pagar la autoliquidación en seis meses si no nos han contestado afirmativamente al escrito donde se solicitaba su exención, y tras ello, solicitar la rectificación antes indicada.

Con esta actuación, haremos todo lo posible para qué nuestros derechos estén protegidos en el caso de que se declare este impuesto inconstitucionalidad antes de los cuatro años desde nuestra comunicación, a no ser que el tribunal constitucional estableciera otro régimen transitorio diferente.

Una vez más insistimos que actualmente aparte de odiosos, los impuestos a la muerte son muy complicados, que requieren una Información y Asesoramiento adecuados para obtener una adecuada Planificación para proteger nuestro patrimonio y Herencia. En esa medida seguimos ampliando los acuerdos de colaboración con profesionales (abogados, notarios y gestores administrativos) para que nuestros asociados y colaboradores puedan obtener dichos servicios.