El Consejo de Transparencia admite la reclamación de Compromís e insta al Ayuntamiento de Benidorm a informar

El Consejo de Transparencia admite la reclamación de Compromís e insta al Ayuntamiento de Benidorm a informar

El Consejo de Transparencia ha estimado la reclamación interpuesta por el concejal de Compromís y portavoz del grupo municipal Compromís los Verdes, Josep Bigorra, contra el Ayuntamiento de Benidorm por no contestar el gobierno preguntas planteadas en el pleno de 26 de septiembre de 2016, referidas principalmente a la clasificación del sector urbanístico APR7 (Sierra Helada) y en la estación de Autobuses. El Consejo reconoce el derecho del concejal a recibir esa información e insta al Ayuntamiento a que se la facilite en el plazo máximo de un mes a contar desde la notificación.

Todo comenzó en el pleno de 26 de septiembre de 2016. En la sesión plenaria ordinaria, Bigorra preguntó por una serie de cuestiones que no habían sido contestadas a un ciudadano. Las preguntas versaban: en primer lugar, sobre el convenio urbanístico caducado y la clasificación de suelo urbano de la zona APR7, que afecta a la Sierra Helada, antes de que se cambiara a suelo no urbanizable protegido; en segundo lugar, sobre la infracción urbanística y la sanción correspondiente respecto a la modificación de la Estación de Autobuses de Benidorm, y en tercer lugar, de manera más reducida sobre la ordenanza de transparencia o la escritura de los locales de la edificio Karola.

“Al no recibir respuesta, ni en ese pleno ni el siguiente, como así lo señala la legalidad vigente y como así lo ha reconocido la resolución del Consejo de Transparencia, y tampoco en meses sucesivos, el 27 de junio de 2017 trasladaron la queja al Consejo de Transparencia”, explicó Bigorra en la rueda de prensa. El concejal ha indicado que el Consejo, en su escrito, señala que el 6 de julio de 2017 remitió al Ayuntamiento de Benidorm la queja para darle audiencia por un plazo de quince días, para aportar la información y formular alegaciones. “De manera literal, el Consejo dice que el escrito tuvo entrada en el Ayuntamiento el día 10 de julio de 2017 y que hasta la fecha no se ha recibido ninguna respuesta del Ayuntamiento de Benidorm al escrito. Es decir, un año sin contestar al Consejo de Transparencia. Ya no es que no contestan a un concejal, sino que no contestan a una administración que precisamente vela por la transparencia”, ha criticado.

Con todo ello, la contestación del Consejo de Transparencia reconoce todo el derecho del concejal de Compromís obtener la información o bien por la legislación de transparencia para recibir la información o bien por la legislación de las administraciones públicas como miembro de la corporación municipal. Y certifica que ese derecho no ha sido satisfecho; por lo que, estima parcialmente las reclamaciones de Bigorra e insta a que el Ayuntamiento de Benidorm facilite en el plazo máximo de un mes a contar desde la notificación de la resolución la información solicitada, que fue enviada el pasado 19 de junio de 2018. Y en cualquier caso, la resolución también invita al concejal a comunicar cualquier incidencia en la ejecución de la resolución.

“El gobierno local de Benidorm tiene un problema con la transparencia y con el cumplimiento de la legalidad. Y esto se ha puesto de relieve con esta resolución del Consejo de Transparencia -indicó-. Ante esto invitamos al gobierno local a que nos entregue toda la documentación que hace más de un año que nos tenía que haber dado”.

Además, la resolución resalta la importancia de los temas preguntados. Al respecto de la APR7, indica: “Estamos ante un asunto, lo que se refiere al suelo de la Sierra Helada de alto valor no sólo ecológico y medioambiental sino también de la consideración popular y de la sensibilidad identitaria de la ciudadanía. [ …] al parecer, el Ayuntamiento de Benidorm se habría avanzado a realizar una modificación del suelo (cuando estaba suspendida toda actividad en esta zona) con el que firmó un convenio con los particulares a los que tuvo que pagar o dar otros terrenos a cambio, cuando si hubiera esperado a la declaración que más tarde aprobó la Consejería hubiera sido la Generalitat la que hubiera corrido con todos los gastos y no el Ayuntamiento de Benidorm “.

Y sobre la estación de autobuses considera que “la pregunta está bien planteada para ser considerada información de gran interés público, ya que según la valoración de los técnicos si la infracción fuera leve podría legalizarse esta infracción pero si es grave o muy grave podrían acometerse acciones diferentes y favorables a la corporación municipal. Por lo tanto, esta pregunta también quedaría estimada por ser de gran interés informativo público”.

“Se puede decir más alto pero no más claro: preguntamos por temas importantes para Benidorm y el gobierno no nos contesta. Ya no es únicamente una cuestión de transparencia, sino también de interés general y por tanto, la respuesta se hace aún más necesaria”, concluyó Bigorra.